Ley de consultas populares

Muchas son las voces que piden se expida una ley nueva de consultas populares, que ponga en cintura algunos excesos que se han visto en épocas recientes.

Por tal motivo la sentencia T-361 de 2017 de la H. Corte Constitucional sobre el páramo de Santurbán, resulta de una importancia manifiesta, y no por los temas ambientales sobre los que se ocupa, sino por sus ideas acerca de la participación ciudadana en el marco normativo colombiano. Hay una frase muy importante en esa sentencia que dice “en la democracia participativa el ciudadano goza de plena confianza del gobierno sobre su madurez cívica, de ahí tiene el derecho a participar en todos los procesos decisorios que puedan afectarlo”. La pregunta hoy en día para hacerse es si el ciudadano colombiano tiene en realidad la madurez cívica para participar o si como opinó en estos días el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en el sentido de que se requiere con urgencia de una ley estatutaria de consultas previas que además le conviene a las comunidades, “porque hoy, la minería ilegal o la politiquería se disfraza de comunidad para chantajear y detener las obras”.

La corte explica en la sentencia en comento que el “principio participativo” propio de las democracias, tiene cuatro formas de expresarse en cuanto a la relación de los ciudadanos con el Estado: (i) elegir los representantes del pueblo; (ii) intervenir en la toma de decisiones colectivas a través de los mecanismos de participación ciudadana; (iii) ejercer las acciones constitucionales y medios de control de los actos de la administración y (iv) la inclusión de la población en decisiones de las autoridades cuando afecten la ciudadanía.

Es esta última manifestación respecto de la cual se ha tenido tanta controversia, dado que se refiere a decisiones en materias económicas, sociales, rurales, ambientales y hasta familiares. Cómo lograr que la participación obedezca a una reflexión seria de los asuntos puestos a consideración del pueblo y no a simpatías o desafectos o a manipulaciones de terceros, es lo que hoy preocupa. La verdad es que además de expedir leyes, lo cual obviamente se requiere para que se fijen las pautas de la participación en un marco de convivencia social, es indispensable educar para la participación. Los ciudadanos deben saber que además de los derechos que les asisten, tienen deberes con sus conciudadanos de informarse y votar a conciencia, antes de acudir a las urnas. Que su voto bien sea para elegir los representantes del pueblo o para participar en las decisiones de las autoridades, deben estar rodeados de la mayor transparencia y responsabilidad posibles. Sólo así se tendrá la madurez cívica necesaria, para que la participación sea efectiva, y la democracia sirva para los fines deseados.

Son ya varios los ejemplos, que cuando el ciudadano se toma a la ligera sus responsabilidades, por más leyes que existan para regular su participación, los resultados de la votación no beneficiarán al colectivo social. Esto ocurre no solo en Colombia, sino también en países con democracias más antiguas que la nuestra, y donde también suceden estos fenómenos. Ciudadanos británicos hoy se lamentan de haber votado por el sí al denominado “brexit” con la misma intensidad que lo hacen los ciudadanos de Cajamarca en Colombia, por haber votado no a la minería. Por tanto, además de apurar la expedición de la ley, hay que hacer una campaña amplia que invite a los ciudadanos a participar, pero informados y responsablemente, y a no dejarse manipular o a no tomar a la ligera el ejercicio de su derecho y de su deber.