Política pública de cambio climático

Para la contribución de Colombia a la lucha contra el cambio climático, se ha diseñado un documento de política de Estado, tendiente a acelerar los esfuerzos del país mediante la adopción de políticas sectoriales y planes y programas orientados al desarrollo bajo en carbono. Para ello, se busca construir y fortalecer las capacidades de adaptación en los territorios y por sectores. Se han diseñado unas transiciones que se denominaron “socio-ecológicas para la resiliencia”, según las cuales se dará una transformación productiva, empresarial, institucional, territorial e individual, que sea de manera planificada y programada y que asegure su permanencia en el tiempo hasta el logro de los objetivos señalados. Se busca obtener una relación armónica entre las actividades humanas productivas, extractivas, de asentamiento y consumo con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos existentes en el territorio.

A esto se le ha denominado la E2050 de Colombia y constituye un sistema muy ambicioso que busca llevar a cabo los cambios, a través de este instrumento de política de Estado, que orientará las acciones de desarrollo de los próximos gobiernos en el país. Afectará también los instrumentos de planificación territorial y los planes de desarrollo a nivel nacional, regional y local. Se van a requerir espacios de capacitación y acompañamiento técnico y financiero a los diferentes actores en este cambio, a fin de materializar lo propuesto. Es claro que los avances en información científica y gobernanza climática irán orientando los programas, proyectos y acciones en materia de cambio climático y desarrollo. Así mismo, se precisa que no se tratará sólo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino llegar a carbono-neutralidad. Esto supondrá poder compensar a los sectores que van a ver disminuida su actividad y asegurar una transición justa de la fuerza laboral que hoy esta vinculada a ellos. Se menciona, además, la importancia de reducir desigualdades y brechas socioeconómicas y educativas, así como las diferencias tan grandes que hay entre regiones del país. Se propone que las empresas midan los riesgos de la transición climática para identificar la posible depreciación de sus activos y los retos que enfrentarán con el acceso y la gestión de recursos de capital, así como las necesidades de personal con nuevas cualificaciones. Por último, se define que la electricidad es el energético de la carbono-neutralidad y que ésta debe ser limpia. Se afirma que los recursos hídricos para la generación se seguirán usando hasta copar su capacidad, pero que el resto se generará a partir de fuentes renovables. A este cambio se le ha denominado la Transición Energética. Implicará suministrar en 2050 casi siete veces la electricidad consumida en 2015, con retos para esa industria en materia de generación, transporte y distribución. El gobierno se ha esmerado en diseñar la regulación necesaria que permita nuevos modelos de negocio y transformar la matriz energética del país. Existen desafíos importantes en materia tecnológica para la generación, almacenamiento, transporte y distribución de la energía en el contexto de la estrategia de carbono-neutralidad. Ante todo, debe existir seguridad energética para los demás sectores de la economía.

Finalmente, pero no menos importante es la necesidad de controlar la deforestación en el país. El esfuerzo de descarbonización no puede ser exitoso si no se genera captura de carbono. La disminución de emisión debe ir acompañada del incremento de la capacidad de absorción de ese carbono. Merece también especial mención, la economía circular como algo que debe fortalecerse. Todo lo anterior indica, que nos espera un largo camino no exento de dificultades, pero que redundará en un mejoramiento de la sostenibilidad en el desarrollo.