Oportunidades en la crisis: el expediente digital

En momentos como este, las dinámicas cotidianas reclaman alternativas para conservar su estatus, ante lo cual lo digital se ha posicionado como opción viable para disminuir el impacto y para mejorar procesos. Nunca se había logrado tener una sociedad tan familiarizada con la virtualidad, y si bien hay un impacto negativo por la aparición de una pandemia, también hemos empezado a gozar de los beneficios resultantes de agilizar trámites y evitar burocracia debido a la virtualidad, en aspectos tan pequeños como el tiempo empleado para desplazarnos a cada entidad.

Algunos países ya han tomado la delantera con inteligencia artificial aplicada en procesos y gestión de contratos, análisis de cláusulas y predicción como apoyo en casos judiciales.

Por ejemplo, el sistema Prometea en Argentina para la organización de expedientes, automatización de procedimientos y preparación documental, así como apoyo al servicio de justicia; el programa Compas que se usa en Estados Unidos para analizar (según los antecedentes penales de un acusado) probabilidades de reincidencia para decisiones relacionadas con libertad condicional; o el Tribunal de Internet en Beijing, definido como un centro de litigios en línea en la que las partes cargan los datos a resolver y el sistema investiga el precedente judicial, analiza el tema y sus pruebas e incluso dicta sentencia.

Colombia no es la excepción a lo anterior, pues a finales del año pasado la Corte Constitucional tuvo una reunión con algunos integrantes de Banco Interamericano de Desarrollo para hablar sobre la transformación digital de la Rama Judicial.

El programa tiene por meta la estructuración y puesta en marcha del expediente electrónico judicial y robustecer la infraestructura de las entidades de la rama, generar una red de información e implantar un sistema de gestión de cambio y comunicación: este podría ser el primer paso de entrada a soluciones de automatización que replicarían en un sistema mucho más veloz, y eficaz, que brinde soluciones a todas las personas en tiempo corto.

Vale la pena resaltar que estas iniciativas han tenido críticas y preocupaciones como la posibilidad de desempleo o injusticias que un sistema de inteligencia artificial podría generar (por basarse en algoritmos que, a pesar de ser veloces, describen dinámicas basadas en patrones, pero no individualizan cada caso para su análisis).

Los defensores de las medidas han manifestado que los sistemas no han sido concebidos para remplazar a las personas sino para apoyarlas en procesos dinamizando el servicio de justicia y la aplicación del derecho; por otro lado, los sistemas no serían encargados de decidir una sentencia, sino de depurar las funciones mecánicas para que el operador de justicia pueda omitirlas y dedicarse a resolver un mayor número de casos, en menor tiempo.

Vale la pena resaltar que la inteligencia artificial beneficia al sector público y al privado pues se utiliza (entre muchas otras) para rastrear jurisprudencia en segundos, analizando contratos, generando conceptos, resumiendo normas, formulando contratos y evitando desperdiciar tiempo valioso de abogados, disminuyendo costos para las firmas y, en consecuencia, para los clientes.

La modernización del sistema judicial y del derecho dependerá en gran medida del cambio cultural de los usuarios y en menor medida, de la tecnología, por lo cual resulta imprescindible gestar espacios de sensibilización y orientación para analizar las medidas tendientes a una adecuada transición.