Dilataciones de tiempos, inequidad, corrupción, movimiento de influencias, lobbies políticos y negociaciones por debajo de la mesa parecieran ser las herramientas más utilizadas a la hora de emitir algún concepto jurídico que ampare los casos más aberrantes de nuestro acontecer nacional.
Los colombianos de a pie, o “zarrapastrozos” como nos llamaba aquel exvicepresidente, pareciéramos estar dependiendo de una justicia que va en contravía de lo natural, de lo obvio y de lo humano.
La indolencia capital que trae como consecuencia el premio a “toda una vida” para los delincuentes, llamado “vencimiento de términos” es una de las muestras más significativas de que nuestra ley dilata nuestros procesos con el único fin de olvidarnos.
Colombia es un país donde las pensiones hay que pelearlas, la atención para la salud hay que ganarla y los procesos legales hay que resolverlos a punta de impactos mediáticos.
¿En dónde está la cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños?, ¿en dónde quedó la iniciativa para castigar duramente los abusos contra la mujer?, ¿es igual robar para alimentar una familia, que conducir bajo los efectos del alcohol y matar a una familia?
Nuestra ley, acostumbrada a los 50.000 votos de algunos próceres de la patria que comercializan sus comportamientos reprochables con las decisiones injustificadas de sus electores, ha estado en “paro” permanente desde la creación de esta nación, en donde los verdaderos próceres parecen haber muerto en vano al ver el presente reprochable de nuestra legislación tibia.
Hay videos, está comprobado, se conoce a la persona, tienen sus pruebas, casi ya se declaró culpable al criminal que atacó a Natalia Ponce de León con ácido en su cara y su cuerpo.
¿Cuánto tiempo estará el señor en la cárcel?, ¿30, 40 años?, y si se porta bien?; ¿será que nuestra justicia no se ha dado cuenta que por floja y casquisuelta es que nadie le tiene temor ni respeto?
Esos son los casos que la opinión pública conoce medianamente debido a la divulgación e indignación momentánea en los medios de comunicación; pero si nuestra justicia ni siquiera actúa en consecuencia con estos casos; ¿se imagina usted que puede pasar con los atropellos aislados en las zonas más reconditas de nuestro territorio nacional?
La indolencia sin duda, es la peor declaración de pena de muerte por la inoperancia de la justicia. ¿De qué sirve contar con una infinidad de normas, adendas, correcciones y parágrafos, si nuestra justicia se ha vuelto interpretativa?
Esta reflexión claramente deja más custionamientos que respuestas, ¿exceso de delincuencia o carencia de justicia?. No es cuantificable, aunque lo cierto es que nuestra débil justicia es la culpable del exceso de violación de las normas y las conductas reiterativas de quienes vulneran nuestras reglas sociales de comportamiento.
El fortalecimiento de la justicia, el incremento de las penas, el estudio serio y justificado de la cadena perpetua para delincuentes cuya pena esté más que demostrada, son necesarios en una jurisdicción acostumbrada a escandalizarse momentaneamente con paños tibios a realidades de profunda necesidad de causa y efecto.
Y…¿La equidad? Pareciera que nuestra justicia retrograda prefiriera que los niños fueran objeto de abuso sexual o material pornografico para videos de pedófilos, mientras que le niega categóricamente la posibilidad a personas decentes del mismo sexo a constituir una sociedad conyugal llena de posibilidades para esos mismos niños.
Una Constitución que profesa la equidad, no puede permitir bajo ningún parámetro que sus decisiones sean lo más inequitativas posibles; ésto, además de contradictorio, demuestra pobreza legal, desconocimiento normativo y carencia integral de realidad espacial e histórica. Un estado que no reconozca los derechos de todos sus habitantes, sea cual sea su condición, raza o doctrina, es un estado que merece vivir y padecer los castigos del contexto inquisitivo en el que vive.
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