La corrupción solo es exitosa si permanece en la sombra, si se guardan los secretos que conlleva su realización. Por eso, una herramienta imprescindible para combatirla es la denuncia, la posibilidad real de conocer los hechos y el camino para encontrar sus evidencias. De tantas iniciativas repetitivas, antitécnicas e, inclusive, populistas, que se proponen sobre el tema, una que realmente es muy útil y que parece estar abandonada es la motivación y protección a quienes reporten de forma seria hechos de corrupción.
En todos los eventos que he participado sobre buenas prácticas y corrupción, es común la pregunta sobre las garantías que tiene una persona si denuncia un hecho de corrupción que conoce y tiene como demostrarlo o dar buenas pistas sobre su ocurrencia; es evidente el miedo, el pavor completamente fundado que la gente siente de perder su empleo, de ser víctima de acoso laboral, de sufrir cualquier tipo de retaliación, incluso hasta de perder su vida o la de un ser querido, si denuncia un acto corrupto. Por eso, si no hay garantía de tranquilidad y motivación para denunciar la corrupción, las irregularidades quedarán en secreto, tal y como conviene a quien delinque.
Decía que el asunto parece estar abandonado porque el par de proyectos de ley acumulados (proyectos 108 de la Cámara y 76 del Senado, ambos del primer semestre de 2017) que buscaban regular la protección y recompensas a quienes reportaran hechos de corrupción, no merecieron un solo debate en más de un año desde su radicación en el parlamento. Una verdadera lástima; pues a pesar de la euforia colectiva actual por la lucha contra la corrupción, abrir el camino para conocer y tener información de primera mano sobre la corrupción, que es en últimas de lo que se trata proteger y premiar a quien se atreve con seriedad a denunciarla, el tema no fue importante en la agenda política. El nuevo Congreso debe ocuparse de este asunto con prontitud, si de verdad se toma en serio la lucha contra la corrupción; si no se cuenta con buena información porque a quienes la conocen les da pánico denunciar y no ven ninguna ventaja al hacerlo, los pocos hechos de corrupción que se investigan y conocen públicamente serán meramente anecdóticos, pero no se logrará un verdadero impacto sobre este grave flagelo.
El proyecto que existe en el Congreso es suficiente para iniciar una buena discusión. Las cuestiones a resolver sobre el alcance de esa protección y remuneración deben ser: si aplica tanto para el sector público como el privado, qué recompensas se deben dar a los denunciantes y bajo qué presupuestos, cuándo y qué requisitos debe tener la denuncia para que quien la suscribe merezca protección, cuáles deben ser las herramientas de protección (fuero laboral temporal, reserva de identidad, etc.), idoneidad de las personas encargadas de cuidar la identidad de los denunciantes, entre otros aspectos. Por supuesto, para evitar que haya más denuncias temerarias e infundadas, deben contemplarse mecanismos sancionatorios y preventivos para evitarlas; el objetivo es que haya más denuncias de corrupción serias y fundadas, no que incautos busquen beneficios de protección de forma irregular. También es recomendable aprender de otras experiencias que al respecto hay en el mundo, como la ley Dodd-Frank de Estados Unidos expedida en 2010, que sin duda amplió en ese país el número de casos de corrupción investigados, las sanciones impuestas y los mecanismos de prevención y control.
Así, el nuevo Congreso tiene grandes retos. Esperemos cree herramientas con impacto real en la reducción de la corrupción y expida menos normas que dan más votos para las siguientes elecciones, pero no tienen ningún impacto real en la vida de las personas.
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