La reforma a la justicia

Vamos a tener una reforma a la justicia y esta vez sí vamos a hacer que acceder a ella sea pronta, tecnológica y eficiente. Para el efecto el Ministerio de Justicia ha abierto un mail en donde recibirá propuestas y sugerencias (reforma.justicia@minjusticia.gov.co). Serán tantas que dudamos que las puedan revisar todas.

Para que esto se solucione no se puede tener como punto de partida ver los problemas cuando se accede a la justicia, sino que hay que ver el porqué una persona decide acceder a la justicia o porqué una persona ve al Estado como un causante de problemas en vez de darle soluciones. Siendo así, lo que debemos es también buscar normas en donde no haya suficiente claridad y que tal vez si se hace, habrá más certeza jurídica y por ende menos procesos judiciales. No es una tarea fácil, nadie es experto en todos los campos. Más aún, si reconocemos que el derecho es al final de cuentas un efecto de la evolución social y de la cultura, debemos pensar si las soluciones deben pensarse incluso a más largo plazo.

Van pues algunas sugerencias para esa etapa del porqué y otras para los procesos judiciales desde la óptica del derecho privado:

1. Eliminar la obligatoriedad de la transcripción de linderos y áreas en todas las escrituras públicas, bastando hacer la referencia a la escritura pública que los contienen o hacer la transcripción voluntariamente.
2. Cada juzgado de este país es un universo de conocimiento. En temas procesales un juzgado opina A y otro juzgado opina B. Así, cuando alguien se acerca a pedir justicia puede encontrarse con opiniones distintas en cosas iguales. Mi sugerencia es que para unificar el entendimiento en temas procesales no debería ser hasta la siguiente reforma del Código General del Proceso ni a que la Corte Suprema unifique en un auto o sentencia las posiciones procesales de los 30 o más tribunales superiores civiles que hay en el país. Es más fácil que ya dentro del Consejo Superior de la Judicatura, no es necesario crear más burocracia, se tenga un compendio de la interpretación mayoritaria en cada artículo que haya en el CGP. Como estamos tan tecnológicos, se puede hacer a través de preguntas-encuesta y hacemos esta definición más simple.
3. Embargos. A pesar de que el Hombre Nuclear fue una serie de los 70 y desde esa época “poseemos la tecnología”. Seguimos sin tener un repositorio de embargos, de manera que, si varias entidades reciben un embargo contra un mismo demandado, la primera que lo acate lo carga en ese repositorio y así las demás no tienen que hacerlo. En el estado actual, un embargo termina afectando recursos en distintas entidades y siendo X veces más grande de lo que estaba previsto.
4. Unificar eso del proceso verbal con 20 días hábiles para contestar demanda y el verbal abreviado con 10 días hábiles. En serio, ¿Quién se beneficia de esta diferencia que es un hito del derecho procesal colombiano?
5. Iría más lejos: si sacan una estadística, gran parte de los pleitos tienen que ver sobre obligaciones dinerarias y las obligaciones dinerarias que se litigan se derivan en gran parte de un entendimiento inadecuado de los riesgos que uno asume cuando se endeuda por encima de su capacidad de pago. Tal vez somos una generación perdida, pero creo que los que están aún en el colegio merecen recibir educación financiera de verdad: no solo basada en que el Estado está para darles todo, sino en el entendimiento de que todo derecho implica una responsabilidad y un deber. Creo que ya es hora de quitarles algún tiempo al cálculo, la química, la física y la trigonometría y aplicar números en un campo de la vida real de todos: tasas de interés, diferencia entre ahorro e inversión, riesgos financieros, análisis de proyectos, etc. Es muy cándido ver toda esa política estatal de querer que todos los jóvenes tengan “emprendimientos” sin darles herramientas para que sepan que eso conlleva riesgos que toca conocer y administrar.

Dicho esto, realmente no tengo muchas ilusiones en la reforma a la justicia, no las tengo por el tamaño de la comisión, porque le faltan ingenieros que aterricen todas las cosas en “procesos” y “procedimientos”, porque veo que les falta gente dedicada al derecho del consumo, que es al final de cuentas lo segundo que tal vez colapsa más el sistema judicial, y porque va a terminar es aumentando la burocracia a partir de más y más jurisdicciones especiales para ejercer más privilegios para ciertas partes de la sociedad, disfrazados de derechos.

Ojalá esté muy equivocado.