S.O.S. presupuestal de la litigiosidad en contra de la Nación

En los últimos años, Colombia ha experimentado un aumento significativo en el monto agregado de las pretensiones de los procesos judiciales y arbitrales en contra de las entidades públicas del orden nacional; fenómeno que tiene unas profundas implicaciones para las finanzas públicas y la estabilidad presupuestal del país al generar una presión significativa sobre la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos fiscales y destinar recursos a proyectos de inversión social cruciales para el desarrollo económico del país, lo que exige una atención urgente y reformas estructurales.

De acuerdo con los datos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), los pagos por sentencias y conciliaciones han tenido un incremento exponencial en las últimas décadas, pues mientras que en el año 2000 los pagos a precios corrientes ascendían a aproximadamente $361 mil millones de pesos, en 2024 se proyecta que alcanzarán los $1.7 billones de pesos colombianos; incremento en razón no solo del aumento en la cantidad de condenas contra el Estado sino también del impacto de la inflación y el significativo impacto de los intereses a tasa de usura generados por la demora en los pagos de la deuda por sentencias y conciliaciones.

A pesar del significativo incremento en los pagos, al contrastar con lo reportado por la Contaduría General de la Nación por medio del sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) no se evidencia una disminución de las cuentas por pagar en el rubro contable de sentencias y conciliaciones del Estado, respecto al cual se evidencia una insostenible acumulación de pasivos con tendencia constante alrededor de los $10 billones de pesos desde 2019 y que para el primer trimestre de 2024 ascendía a $10,8 billones de pesos colombianos. El 80% de esta deuda se concentra en cinco entidades del Estado: el Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Policía Nacional (PONAL), la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) y la Fiscalía General de la Nación (FGN). Alarmantemente, a pesar de que entre el 2014 y el 2023 se realizaron pagos a sentencias y conciliaciones por valor de $13,59 billones de pesos, resulta evidente que la asignación presupuestal que se viene realizando anualmente a este rubro solo está permitiendo cubrir el crecimiento de la deuda por nuevas sentencias condenatorias y conciliaciones, intereses e inflación.

Más aún, según los datos registrados en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI, a corte del primer semestre de 2024 se registraban 339.748 procesos nacionales activos contra el Estado, con pretensiones que ascendían a $652 billones de pesos colombianos. Al respecto la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estima que al menos 94.744 de estos procesos tienen una probabilidad de pérdida superior al 75%, con pretensiones agregadas por valor de $9,7 billones de pesos; de dichos procesos, 11.406 han excedido el tiempo de su trámite, por lo que se estima que en los próximos 12 meses se registrarán condenas adicionales a la nación por valor de $1,2 billones de pesos.

Atendiendo este complejo contexto fiscal, desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hemos adoptado de manera decidida medidas para mejorar la prevención del litigio y la gestión del riesgo jurídico en todo el territorio nacional en el marco de la implementación del Sistema de Defensa Jurídica creado por el artículo 206 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Estas acciones incluyen la promoción de políticas de prevención del daño antijurídico, el desarrollo de mejores estrategias de litigio y defensa jurídica, el apoyo a la recuperación de recursos públicos y el fortalecimiento de la tasa de éxito judicial, con especial énfasis en las 12 entidades públicas del orden nacional con el mayor volumen de procesos y/o mayor monto de pretensiones agregadas, con el objetivo de enfocar los esfuerzos estratégicos en la reducción del impacto fiscal futuro de la litigiosidad en aquellas entidades con mayor incidencia.

En el Gobierno del Cambio estas acciones incluyen por primera vez a las entidades públicas del orden territorial, a las cuales, de manera progresiva y con un enfoque diferencial, se les ha extendido la oferta institucional de la Agencia para fortalecer su defensa jurídica. La adopción del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI impulsa la transformación digital de las entidades territoriales, permitiéndoles optimizar la gestión de su actividad litigiosa y mejorar la toma de decisiones asertivas basadas en información confiable; avances que representan pasos decisivos para reducir el impacto de la litigiosidad en el presupuesto público territorial.
Además, en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se ha avanzado en la consolidación del Fondo de Contingencias y Traslados de las Entidades Estatales, el cual permitirá atender de manera más eficiente las contingencias derivadas de sentencias y conciliaciones. Paralelamente, la Agencia está impulsando la reglamentación de un mecanismo excepcional que permitirá el reconocimiento y pago de sentencias o conciliaciones con cargo al servicio de la deuda, conforme a lo estipulado en el artículo 338 del Plan Nacional de Desarrollo.

Estas acciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado están orientadas a reducir la carga fiscal, mejorar la gestión de sentencias y conciliaciones y mitigar la acumulación de deuda en el futuro. No obstante, resulta imperativo que se refuerce en simultáneo la asignación presupuestal para enfrentar de manera proactiva las contingencias judiciales y evitar la acumulación de intereses debido a la insuficiencia de pagos. La litigiosidad contra el Estado está ejerciendo una presión fiscal insostenible que, sin una intervención integral seguirá provocando un crecimiento exponencial de la deuda y comprometiendo gravemente las finanzas públicas de Colombia.