La actual pandemia derivada del covid-19 ha generado un cambio abrupto en el panorama económico mundial, situándonos tal vez en la recesión mundial más significativa de las últimas décadas. Es evidente que la implementación de medidas para evitar la propagación del virus han implicado la disminución en las relaciones comerciales que dan lugar a escenarios de desempleo.
Según el resultado de la encuesta Percepción País de las firmas Guarumo y EcoAnalítica, 29,6% de los colombianos encuestados señala que el desempleo es el tema que más les preocupa. Esta preocupación se encuentra incluso por encima de temas como el coronavirus con 12,1% y la economía con 7,6%. La situación deviene en que la atención del Gobierno se debe situar en estrategias de reactivación económica para dinamizar las relaciones comerciales y generar empleo.
Dentro de las estrategias que puede tener el Gobierno en su agenda, indiscutiblemente la industria extractiva juega un papel preponderante. No podemos ser ajenos a la realidad de la nación, la cual necesita de la extracción de recursos naturales para una reactivación económica expedita. Bajo escenarios en donde prime el desarrollo sostenible, se deben utilizar los recursos naturales del país como apoyo para superar la recesión económica actual, sin que ello implique pasar por encima de las precauciones ambientales y sociales. A manera de ejemplo, Colombia cuenta con reservas de hidrocarburos (gas y petróleo) suficientes para poder autoabastecerse y exportar. Ese aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales implica ingresos económicos derivados de la exportación de dichos recursos y costos de vida estables originados en la autosuficiencia.
Durante 2019, la producción de petróleo y gas aumentó, alcanzando niveles significativos en Colombia. La producción de petróleo presentó un incremento de 2,2% con respecto a 2018 -de 865.127 barriles por día a 885.851-, mientras que la producción promedio de gas aumentó de 977 millones de pies cúbicos por día en 2018 a 1.068 millones de pies cúbicos por día en 2019, representando un crecimiento de 9,4%. Esto demuestra el potencial que aún tiene Colombia en esta materia.
El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, han buscado implementar estrategias para incentivar la inversión y aprovechar responsablemente los recursos naturales.
Esto se está logrando a través mecanismos tales como (i) el Proceso Permanente de Asignación de Áreas, que busca condiciones equilibradas para contratistas que busquen invertir y desarrollar hidrocarburos en Colombia; (ii) los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de exploración de hidrocarburos, incluidos los yacimientos no convencionales; y (iii) las regulaciones técnicas para la exploración y producción de yacimientos no convencionales. Sin embargo, dichos esfuerzos se han visto frustrados por el discurso extremo que busca prohibir a toda costa el desarrollo de la industria.
La rama judicial y las entidades gubernamentales deben entender lo que implica la operación de la industria para evitar su estigmatización. Ello implica entender también la función de los Proyectos Piloto Integrales de Investigación que permitirán evidenciar que el desarrollo sostenible de dicha actividad es viable, respetando el equilibrio socio-ambiental. Así, el Estado debe actuar pronto, pues el tiempo es de la esencia.
La actual pandemia implica que las acciones deben ser eficaces y oportunas, y la industria extractiva puede brindar una solución rápida y eficaz a la reactivación económica y de empleo en el país. Sin embargo se requiere que todos los actores aúnen esfuerzos para situarse en la misma página y lograr un desarrollo económico, social, y ambiental que permita al país darle frente a la pandemia, con miras al desarrollo sostenible deseado.
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