La destitución e inhabilidad de Gustavo Petro, Alcalde de Bogotá, elegido por medio de los mecanismos constitucionales y legítimos, fue la primera escena de este melodrama. Un procurador delegado determinó que las actuaciones administrativas y organizacionales que afectaban el esquema de basuras de la capital, configuraban una serie de faltas gravísimas al interés público, lo contrario a un conjunto de decisiones acertadas y convenientes para la ciudad.
Ante esta situación, el destituido alcalde, su gabinete y defensores (entre ellos, columnistas, partidarios y ciudadanos) entraron en escena asumiendo una reacción mal calculada y poco eficaz. Mal calculada, porque en vez de recurrir a los mecanismos jurídicos pertinentes e iniciales para su defensa, prefirieron apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) solicitando medidas cautelares que, según su criterio, protegerían los derechos de su mandatario y sus miles de electores. Como si fuera poco, bombardearon el colapsado e ineficiente sistema judicial con un centenar de tutelas reclamando la salvaguarda de esos mismos derechos.
Y, poco eficaz, porque el 18 de marzo del año en curso, el Consejo de Estado no acató la ‘tutelatón’ como mecanismo de salvaguarda de derechos políticos al precisar que en el ordenamiento nacional, lo que procede ante una sentencia de la procuraduría es una acción de nulidad, y no, una tutela. Además, el Presidente de la República, haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales, decidió no acoger las medidas cautelares dictadas por la Cidh, la misma noche del 18 de marzo y, firmó la polémica destitución.
En simultáneo, otros actores políticos de reparto o mejor aun haciendo de payasos, ambientan, aún más, este circo novelesco de desgreño institucional. Juan Manuel Santos, oficiando como Presidente-candidato, en medio de una campaña reeleccionista mediocre, apática al debate y acusada de corrupción, asumió el rol de ‘salvador’ de Bogotá al nombrar como alcalde encargado a Rafael Pardo, insinuó que la capital del país carecía de un ‘gerente’ que no tirara línea ideológica y que solucionara los graves problemas de la ciudad.
También, está Miguel Gómez, otro títere más de esta comedia que en realidad se dedica a ser Representante a la Cámara por Bogotá, quien lideraba una iniciativa de revocatoria mientras el alcalde esperaba las medidas cautelares y los resultados de la ‘tutelatón’, peleaba con los medios y atizaba movilizaciones desde el balcón del Palacio de Liévano. El mismo Petro y sus defensores calificaron esa iniciativa de ser un mandado de la derecha reaccionaria que odiaba la paz y la democracia, porque iba dirigida contra un proyecto político que representaba ‘una forma humana’ de hacer política distanciada de las mafias y los carteles de la contratación, que habían subsumido los intereses de la ciudad a su lucro personal.
Como cualquier novelón barato de suspenso o aventura, el desarrollo de la historia debe darse bajo unos marcos de referencia, procedimientos y guiones para que se entienda la trama de esta grotesca comedia.
Como en la mayoría de las naciones con instituciones débiles e inoperantes, uno de esos marcos de referencia terminó siendo blanco de agrias críticas. No pocos columnistas y funcionarios dolientes de la destitución de Petro empezaron a cuestionar las facultades disciplinarias constitucionales de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de minar la legitimidad del fallo.
Así, prepararon el ambiente de la novela para sembrar la incertidumbre jurídica y política. En razón a que no gustaban del resultado tanto del fallo como de la ineficacia de su ‘tutelatón’, redirigieron la atención sobre los contornos ideológicos de los actores. Además de acusar al sistema de control disciplinario de ser ‘inquisitorial’, le recriminaron al procurador, Alejandro Ordóñez; al candidato a la vicepresidencia, Germán Vargas Lleras; al ex presidente Álvaro Uribe y al presidente Santos de orquestar un plan de eliminación de las alternativas de la izquierda pacífica.
Petro y sus borregos escuderos señalaban, día a día, que gracias a un sistema político mal diseñado, sus representantes manipularon las normas para sacarlo de la alcaldía; es decir, tanto la revocatoria como la reafirmación de la destitución, no solo eran producto de una ancestral animadversión ideológica y partidista contra la izquierda colombiana, sino también aprovechándose de los boquetes normativos, la derecha, triunfó en su propósito.
Pero parece que la actuación grosera e hipócrita de la trama es omitida por los defensores de Petro. En la prensa, la radio, las redes sociales y el canal televisivo distrital Canal Capital blandían voces a favor de la constitución nacional mientras se amparaban en la tutela. Pero, desdeñaban de la carta política cuando releían las facultades del procurador concernientes al control disciplinario de los funcionarios elegidos por voto popular. Denostaron también del mecanismo de la revocatoria, del que presume ser coautor el propio alcalde, porque supuestamente era financiado por los antiguos operadores de las basuras, calificándolos de “barones mafiosos”.
Con infortunio, la novela sigue. Bogotá, como escenario de improvisaciones, desgobierno, manipulación mediática e irresponsabilidad política, parece que se manejara sola desde hace casi diez años. Desde la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, pasando por la de Samuel Moreno hasta llegar a la de Clara López, los capitalinos han desarrollado, como principales víctimas de esta historia fatal, una capacidad de resignación y resiliencia de magnitudes bíblicas. Si no es por unas esporádicas y mañaneras protestas en Trasmilenio, parecería que el mutismo y la quietud es la forma preferida de enfrentar los problemas políticos y sociales de la capital.
Por ahora, este novelón no es solo literario. Los problemas políticos e institucionales generados por los actores enfrentados han hastiado a los colombianos, ya que es difícil identificar quién es el alcalde de la ciudad. Si hay dudas de esto, cabe recordar que en una semana ‘gobernaron’ tres mandatarios. Todos con altos grados de incapacidad política, incredulidad y desconfianza. Pero lo peor de este circo es que hay voces de constituyente, no para solucionar los vacíos normativos e institucionales sino para restituir a un ex presidente o para impedir una destitución. Y Bogotá, bien gracias, soportando la peor crisis institucional de toda su historia.
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