Estilo(s) político(s)

Las diferencias entre el impacto político generado por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el litigio entre Colombia y Nicaragua, y en el litigio entre Chile y Perú, son de distinta calidad.

Si se comparan las reacciones de los gobiernos ‘perdedores’ (como los medios han querido presentar a Chile y a Colombia) se diferencian palmariamente. 

Juan Manuel Santos, presidente colombiano, al enterarse de que la CIJ le adjudicaba a Nicaragua 43% del territorio marítimo que estaba en disputa, cerró filas entorno a la posibilidad de acatar el fallo pero sin aplicarlo, aduciendo errores en la delimitación hecha por la CIJ y porque planteaba serias dificultades aplicativas al transgredir el ordenamiento constitucional nacional. Mientras que el presidente Sebastián Piñera afirmó que acataría el fallo sin condicionamientos porque definía, de una vez por todas, la soberanía chilena en un territorio cuyos rendimientos económicos pesqueros son inmensos. Pronunciamiento que apoyó la recién electa presidente Michelle Bachelet.

La diferencia se explica porque en Colombia no se distinguen los intereses del gobierno de los de Estado, sobretodo en materia internacional. 

El presidente colombiano recibía el fallo en medio de un ambiente mediático que necesitaba de un elemento aglutinador en torno a sus políticas. Por la puesta en marcha de los diálogos de paz con el grupo terrorista Farc, la opinión pública se había dividido y las encuestas reseñaban un panorama de desfavorabilidad e inconformismo. 

Así, al asumir una actitud pendenciera ante la corte enviaba un mensaje de tranquilidad a los que consideran que dicho fallo era un despojo y no un acto ajustado a derecho internacional. Y segundo, porque dicha posición sería un coqueteo al caudal electoral del ex presidente Álvaro Uribe quien desde la misma emisión del fallo manifestó, también, renuencia a la sentencia del tribunal de La Haya. 

Entonces, el Estado y sus dinámicas internacionales quedaron al servicio de los vaivenes del discurso electoral, en vez de que los actores del debate electoral actuaran con responsabilidad y prudencia, marcando distancia entre los asuntos personales, los electorales y los de natural vitalidad para el Estado colombiano.

También se debe precisar que si el fallo del litigio entre Chile y Perú se hubiese emitido cuatro meses antes, en plena campaña por la presidencia chilena, no habría sido probable una convergencia tan ejemplar entre gobierno y oposición. 

Pero, como la historia y la política se analizan por lo que sucede y no por lo que pudo ser, la clase política chilena con sus profundas diferencias ideológicas ha dado una lección de prudencia tanto al gobierno colombiano como al nicaragüense. Pero ¿por qué una lección para Daniel Ortega? Porque el uso político que le ha dado a su ‘victoria’ diplomática frente a Colombia ha sido inmoral. 

Con una asamblea nacional dominada por el Frente Sandinista y con varias batallas diplomáticas con sus vecinos, logró convencer a la sociedad nicaragüense de la conveniencia de aprobar su reelección indefinida con la excusa de preservar la integridad del territorio nacional (en litigio) y garantizar el triunfo en la lucha de lo que le “han arrebatado los servidores del imperio gringo”.

En contraste, Ollanta Humala, a pesar gozar de la ‘victoria’ con la adjudicación 50.000 km2 de área marítima al Estado peruano, expresó que dicho resultado “era esfuerzo de tres gobiernos democráticos”. Es decir, omitiendo las diferencias que sostiene con su antecesor y opositor ideológico, Alan García, Humala resaltó el celo puesto por García en la defensa de los altos asuntos del Estado peruano. 

De nuevo, la prudencia de un estadista sobre los afanes de un candidato. Es más, al presidente peruano le ha resultado más rentable asumir dicha posición que la de un Ortega megalómano: ya que su postura impulsa los postulados comerciales de la recién creada Alianza del Pacífico. Y, no pocos miembros de la clase política e intelectual han aprovechado el sentimiento de unidad generado por el fallo, para pedir que se encaucen las energías sociales hacia objetivos políticos comunes y urgentes que acusan a la sociedad peruana.

Por lo pronto, esperemos que la prudencia chilena y peruana duren y se remarquen en la historia política de sus países como pruebas de que los asuntos de Estado no se revuelven con las minucias de los votos. Dos fallos emitidos por el mismo tribunal, en casos similares, con distintos actores, enseñan múltiples talantes políticos. Unos mejores que otros, al parecer.