Este 2014 inició con lo que habíamos anticipado exactamente hace diez años. El reconocimiento de que el Sistema Penal Acusatorio colapsó, la necesidad de su revisión, y la discusión sobre si lo que teníamos antes era mejor que lo que tenemos que soportar hoy en día, se encuentran en el corazón del debate nacional. Ni lo que teníamos antes era tan bueno, ni lo actual es tan perverso, los problemas de nuestra justicia penal no se resuelven con un cambio en el sistema procesal, ello es tanto como pensar que un equipo de fútbol que no juega bien, va a mejorar porque pasa de jugar con cuatro a jugar con tres defensas, sin cambiar uno solo de sus jugadores. El problema no es de sistema, es un asunto mucho más complejo que ello.
El sistema procesal anterior contaba con una innegable virtud, como lo es su arraigo entre todos los colombianos. Se compadecía con nuestra tradición jurídica, con nuestras costumbres y, en honor a la verdad, entre ires y venires, resolvió grandes procesos, como lo fueron la parapolítica o el llamado ocho mil. Sin embargo, daba inmensas facultades a la Fiscalía General de la Nación, que se volvía omnipotente y bien conocidos son los abusos y excesos cometidos por el ente acusador, como lo demostró el proceso contra Sigifredo López.
El Nuevo Sistema Penal carecía de ese arraigo entre la ciudadanía, funcionarios y abogados aún lo perciben como algo inentendible, complejo, mucho más formalista que el anterior, y, si bien funcionó en un principio para resolver los casos de flagrancia, la verdad es que en la actualidad ya ni para estos casos funciona. Mucho menos, para la denominada macrocriminalidad, y su disfuncionalidad en los casos que afectan a la ciudadanía de manera cotidiana es desesperante.
Más allá de ello, como lo hemos sostenido hace diez años, el real problema del Sistema Acusatorio a la colombiana, no es solamente de funcionamiento, es que riñe con los derechos humanos y desconoce conquistas de la humanidad por la que nuestros ancestros entregaron sus vidas. Hoy en día, cualquier persona puede ser investigada a sus espaldas, ni el investigado o su defensor podrán conocer los motivos por los que está siendo investigada y, eventualmente, en la mayoría de los casos, enviada a prisión.
La labor de la defensa ha de correr, de manera integral por cuenta del investigado, con lo que las probabilidades reales de defensa están íntimamente ligadas a la capacidad económica del investigado. La presencia de una cantidad de partes, intervinientes y demás a lo largo del proceso ha fracturado el denominado principio de igualdad de armas, que en nuestro medio no es más que un enunciado teórico, pues lo normal es ver a un solo defensor enfrentado a un número plural de víctimas, más el Fiscal, más el ministerio público.
El ideal de que toda persona pudiere defenderse en libertad mientras avanzaba la investigación nunca se tradujo en una realidad, debido al inclemente aumento de penas e investigaciones a funcionarios que otorgaron libertades o absolvieron a quienes socialmente ya se había condenado.
El llamado que hemos hecho desde hace ya diez años, y que seguiremos haciendo hasta que no cese la terrible época que vivimos, es al regreso al respeto por los derechos humanos. Poco importa el vehículo que se establezca, si es acusatorio, inquisitivo o mixto, lo importante es el respeto por los derechos del individuo en todas las instancias.
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