Gabriel Ibarra Pardo
La vigorosa actividad litigiosa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) contra las grandes plataformas por supuestas violaciones a las normas antitrust de ese país no cesa.
El pasado 21 de marzo esa autoridad presentó, ante una corte de Nueva Jersey, una demanda en contra de Apple porque, según asegura el DOJ, esa compañía habría utilizado su hardware y software para monopolizar el mercado de los teléfonos inteligentes y excluir del escenario concurrencial a los productos y servicios de terceros.
Lo anterior con el fin de obstaculizar a sus usuarios la búsqueda y escogencia de otras alternativas y de evitar que ellos puedan sustituir los productos de Apple por los de sus competidores.
Los cargos que se le endilgan a esa compañía en la demanda pueden resumirse en los siguientes:
Primero, Apple habría aprovechado su control de la Appstore para imponer tarifas altas o impedir la entrada de aplicaciones compatibles con otros equipos, con el fin de obligar a sus clientes a usar las aplicaciones de iPhone y entorpecer la posibilidad de cambiar de celular toda vez que, para ello, tendrían que aprender a usar nuevas apps.
Segundo, Apple estaría saboteando, a través de su app de mensajes (SMS), la interacción con otros equipos. Cuando un usuario iPhone remite un texto a un no usuario los mensajes no pueden editarse, los videos son de menor calidad y la conversación no está encriptada, lo que lleva a una mala experiencia y deja la idea de que los demás celulares son de baja calidad.
Tercero, el Apple Watch no es compatible con celulares diferentes al iPhone lo que implica que un usuario que compra un Apple Watch deberá seguir comprando iPhone, hacia el futuro, para poder usar el reloj. Es decir, se impide y obstaculiza, la posibilidad de explorar y adquirir otras alternativas de celulares mejores y a menor precio.
Cuarto, Apple habría bloqueado la función “Tap to Pay” para billeteras digitales de terceros que solo funcionaría en la Apple Wallet. Así, se estaría desincentivando el uso de billeteras diferentes e impidiendo a los usuarios migrar hacia otras marcas, por cuanto para ello tendrían que utilizar nuevas billeteras digitales en vez de transferir simplemente su información.
Según el DOJ, estas conductas vulneran la Sección 2 de la Sherman Act, que prohíbe monopolizar o intentar monopolizar cualquier mercado.
Eleanor Fox, profesora de la facultad de derecho de NYU, expresó que la demanda del DOJ es sólida y evidencia que Apple estaría muy preocupada por la posibilidad de que sus usuarios migraran hacia otras marcas, lo que explicaría las conductas adoptadas por esa compañía. Cita un intercambio de correos entre un ejecutivo de Apple y Steve Jobs, en 2010, en el que este último manifiesta la necesidad de adoptar medidas para impedir que sus usuarios puedan cambiar fácilmente los iPhone por otros dispositivos.
A su vez, Rebecca Haw Allensworth, docente de la Universidad de Vanderbilt, comentó que la demanda evidencia que Apple estaría fabricando sus productos con restricciones que perjudican a los consumidores con el fin de mantener su monopolio.
Si la Corte acoge las peticiones del DOJ y ordena a la compañía detener las prácticas denunciadas, Apple tendría que modificar de manera sustancial su modelo de negocio y podría verse obligada a competir con sus rivales.
Lo anterior significa que los usuarios de iPhone tendrían acceso a más ofertas y que Apple debiera bajar sus precios para mantenerse en el mercado.
Pero si, por el contrario, no prosperaran las pretensiones del DOJ, Apple conservaría el status quo y la demanda no pasaría de haber sido una anécdota más en el amplio historial de las acciones que se han interpuesto contra esa compañía por violar las normas de competencia.
*Gabriel Ibarra Pardo, Socio de Ibarra – Rimon
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