Gabriel Ibarra Pardo
En 2013, el presidente de la China Xi Jinping presentó la iniciativa de la nueva ruta de la seda, en inglés “Belt and Road Iniciative -BRI-”, cuyo objetivo fue promocionar, por parte de China, la cooperación internacional, el logro y desarrollo de infraestructuras, comercio, políticas financieras y colaboración entre los pueblos, todo ello, en aras de crear nuevos motores de desarrollo compartido, en los países que se unan a ella.
Se prevé además intercambios educativos, culturales y científicos “para ayudar a otros países a aprender de la experiencia de desarrollo de la China”.
El 28 de marzo de 2015, diversas entidades del gobierno chino publicaron el esquema oficial del BRI que cuenta con un presupuesto de US$1 billón para inversiones en infraestructura destinadas a formar un conjunto de enlaces marítimos y ferroviarios, entre China y los territorios que conformaron la antigua ruta de la seda, entre ellos Europa, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y Reino Unido.
En 2019 se llevó a cabo el segundo Foro de la Ruta de la Seda, al que asistieron más de 36 gobernantes del mundo. Varios países latinoamericanos (Panamá, Costa Rica, Cuba, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela) se sumaron a la iniciativa lo que les permitiría acceder a millonarios préstamos para la construcción de infraestructura. Argentina anunció que se uniría en el transcurso de 2020
No obstante, lejos de ser esta iniciativa un tema pacífico, ha recibido fuertes críticas. Estados Unidos ha sido uno de sus principales detractores. En este sentido el Secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que “hay que tener los ojos bien abiertos al negociar con China, pues su actividad económica es depredadora”. Por su parte, la India ha manifestado que el BRI pone en peligro la soberanía y la integridad regional y Turquía no ha atendido a las reuniones ni se ha unido al proyecto. España también se ha mantenido al margen. Australia, Myanmar, Malasia y Grecia han expresado igualmente sus reparos.
En la misma tónica el Instituto para los Estudios de Seguridad de África -ISS- acusó al BRI de tener unas intenciones aviesas consistentes en sobre endeudar a otros países con el fin de obligarlos a dar a la China concesiones económicas o políticas, cuando no puedan cumplir con sus obligaciones. Fue lo que pasó con el puerto de Hambantota en Sri Lanka en el que China se quedó con la operación del puerto ante la imposibilidad de ese país de honrar el pago del crédito.
Entre las mayores preocupaciones que ha generado la iniciativa, está la relativa al doble rasero que utiliza ese país en sus políticas de inversión extranjera y el marcado proteccionismo nacional de su economía. Así, mientras China promueve el BRI como un proyecto que busca la apertura, facilitación y liberación comercial, al mismo tiempo mantiene políticas proteccionistas que, como lo señala la Ocde, se reflejan en que la gran mayoría de las empresas chinas son propiedad del estado al paso que sus empresas privadas disminuyen año a año.
Además, China está utilizando su régimen de integraciones y fusiones para restringir la inversión extranjera, a través de condiciones que no operan para las empresas estatales, y limitar esta inversión a las actividades permitidas en la Guía de Industrias de Inversiones Extranjeras emitido por el Ministerio de Comercio de China.
Todo parece indicar que el entusiasmo por esta iniciativa llevará a muchos países a celebrar un verdadero pacto faustiano
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