Gabriel Ibarra Pardo
Uno de los temas que más inquietud ha suscitado, en el ámbito de las interacciones digitales, es la autenticidad de las identidades. Asegurarse de que la persona al otro lado de la comunicación electrónica sea quien dice ser.
Por esta razón, la navegación en línea requiere de manera constante el desarrollo de sistemas de autenticación de identidad.
El 7 de marzo, el Parlamento Europeo dio luz verde al Reglamento de la Identidad Digital Europea, un hito que introduce una novedosa herramienta de identificación digital.
Esta normativa representa un paso significativo hacia la modernización y eficiencia en la gestión de trámites electrónicos. Según la Comisión Europea, el sistema se compone de aplicaciones móviles que permiten a los usuarios almacenar y gestionar documentos oficiales e información personal.
Entre los datos que se pueden digitalizar pueden mencionarse los permisos de conducción, las prescripciones médicas, los títulos académicos y otro sinfín de informaciones y documentos.
De acuerdo con la nueva regulación, las administraciones públicas de la Unión Europea y las empresas privadas deben incorporar este sistema como un mecanismo de verificación de la identidad. Aunque inicialmente no será obligatoria para los ciudadanos, como método de identificación, esta infraestructura podría volverse esencial para la interacción social y económica digital.
En un mundo donde la contratación de bienes y servicios a través de medios electrónicos es cada vez más común, la iniciativa podría simplificar y agilizar muchos trámites. Sin embargo, ella no está exenta de controversia. Críticos han planteado preocupaciones sobre su impacto en la privacidad y el derecho de “habeas data”.
Algunos temen que esta herramienta pueda ser utilizada como una coacción indirecta, por parte de los Estados, para que los ciudadanos la adopten.
En este orden de ideas, preocupa que el sistema evolucione de tal manera que su uso se vuelva indispensable para las actividades cotidianas, toda vez que los ciudadanos se verían obligados a vincularse a una plataforma en la que depositan todos sus datos y que por consiguiente devendría en indispensable para acceder a servicios básicos o participar en la vida económica y social.
Como consecuencia, se podría perder por completo el control sobre los propios datos personales y la capacidad de decidir cuándo y cómo se utilizan quedaría comprometida.
También se ha advertido sobre la posibilidad de que se genere un monopolio estatal en el mercado de autenticación, además de los riesgos de seguridad que implica el hecho de que la información sea manejada por un ecosistema que centralice grandes cantidades de datos personales.
Así que lo realmente importante, ante estas nuevas herramientas de identidad digital, será hallar la manera de prevenir que los derechos fundamentales vinculados al “habeas data” se vean afectados bajo el pretexto de la generación de eficiencias en la gestión de la información.
El nuevo régimen adoptado por la unión europea pone de manifiesto los riesgos y temores que surgen de la denominada cuarta revolución industrial. El gran desafío radica en diseñar los mecanismos que garanticen que el avance de la tecnología no lleve a erosionar la protección de los derechos y garantías fundamentales.
Aunque estos temas puedan percibirse, en nuestro entorno, como bastante ajenos y lejanos, es menester tener claro que, el pleno control sobre nuestros datos personales es un asunto de medular importancia. De no ser así, el derecho a la intimidad podría convertirse en un recuerdo del pasado.
*Gabriel Ibarra Pardo, Socio de Ibarra Rimon
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