Llevamos más de tres años en los cuales se ha generado un impulso económico e interés en la industria del cannabis medicinal en Colombia, no solo por la existencia del marco regulatorio vigente y la posibilidad de solicitar licencias para participar en la industria, sino porque se ha generado un ambiente de inversión de gran relevancia para Colombia en el ámbito internacional.
Este contexto también ha generado un mercado altamente especulativo, en el cual día a día aparecen personas queriendo crear empresas y solicitar licencias (sin el ánimo del participar en el negocio), con el objetivo de buscar un inversionista/comprador y realizar transacciones de millones de dólares. Esto podría estar generando un efecto burbuja en el mercado, con muchas empresas interesadas en participar, pero presentando cifras que no necesariamente corresponden a la realidad del mercado (oferentes).
Aunque es perfectamente legal y legítimo crear una empresa para buscarle un potencial comprador a futuro, consideramos que se pueden generar situaciones que impidan tomar decisiones en materia de política pública, legislativa o regulatoria, por ejemplo, el altísimo número de solicitudes de licencias en trámite (cultivo de cannabis psicoactivo, no psicoactivo y fabricación de derivados) puede usarse como fuente para proyectar el alcance del mercado, pero arrojará resultados lejanos a la realidad, claro está, generando una congestión excesiva en las autoridades encargadas de expedir las licencias, por mencionar algunos de los efectos negativos.
Sumado a lo anterior, debemos mencionar que actualmente los procesos de licencia ante las autoridades, son manuales y basados en información documental que se presenta en físico, desprovistos de herramientas tecnológicas, por lo tanto es importante y urgente que se realice la modernización y la infraestructura para facilitar el proceso.
Por último, lo más relevante en mi opinión el punto de mayor debilidad del actual sistema tiene que ver con la ausencia de regulación a nivel financiero. Existen evidentes barreras que han encontrado las empresas interesadas en el cannabis medicinal, al ver la imposibilidad de contratar productos financieros toda vez que, según algunos criterios, se trata (erróneamente) de actividades vinculadas con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), inclusive situaciones como el cierre de cuentas que se habían habilitado inicialmente, cuando las entidades financieras se percatan que el objeto social se relaciona con cannabis medicinal.
Recientemente en medios nacionales, se divulgó la noticia relacionada con la reducción de los cupos de consumo interno por parte de la Jife (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) para Colombia, y además de las razones lógicas que pueden justificar esta situación, es algo temporal que se puede subsanar por medio de estrategias gubernamentales, pero esto no implica que el mercado esté limitado ni con problemas, aunque sí se debe en parte a las demoras en procesos de expedición de licencias, y a los tiempos de montaje de infraestructura y cultivo de las empresas que accedieron a las primeras licencias en nuestro país y que recién están empezando a producir extracto para utilización.
Con lo anterior, esperamos que el Gobierno Nacional mantenga el impulso a una industria que representa oportunidades y crecimiento económico, pero la potencialidad de convertirnos en un actor relevante en el mercado global.
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