La mala hora de Ecopetrol

Ecopetrol alcanzó hace poco una producción de cerca de 720.000 barriles diarios de petróleo -méritos de su administración- y proyecta utilidades superiores a $27 billones mérito de Putin y Xi-.

Pero le ha llegado la mala hora, porque el Congreso le impuso, por sugerencia del Gobierno Nacional, una carga tributaria adicional inmensa, que alimentará las arcas nacionales pero disminuirá las utilidades repartibles, un cambio en el que gana el Gobierno pero pierden los accionistas minoritarios, que además han visto caer el precio de la acción.

Y, como si fuera poco, el gobierno Petro creó a Ecopetrol un ambiente imposible para continuar en Colombia los proyectos de fracking, que en otros países le producen buenas ganancias. Y le puso en duda la posibilidad de iniciar nuevos proyectos de exploración de petróleo y gas. Su acción ya no se tiene en cuenta en el índice mundial de empresas por capitalización (Msci). El presidente de su Junta Directiva, el señor Kattan, dice que el señor

Bayón seguirá siendo el representante legal de la empresa “por ahora”.
¿Hasta dónde puede el Gobierno tomar decisiones en Ecopetrol? En su asamblea puede hacer valer sus mayorías, pero dentro de ciertos límites porque la ley prohíbe “el abuso de mayorías”. En la Junta, aunque tenga mayorías, su capacidad de decisión es menor porque los directores tienen, ante todo, un deber de lealtad con la sociedad, no con el gobierno, y deben tratar a todos los accionistas en forma “equitativa”. Y en la Junta también el “abuso de mayorías” está prohibido.

Esto es así porque, en el año 2006, la Ley 1118 convirtió a Ecopetrol en una “sociedad de economía mixta”, con un régimen especialísimo, distinto del que crean el Código de Comercio y la Ley 489 de 1998 para tales sociedades. El Estado se quedó con 88,5% del capital de Ecopetrol. Y para conseguir que los inversionistas privados adquirieran ese 11,5% restante un régimen legal especial era indispensable.

En efecto, no es usual que la gente quiera poner su ahorro e inversiones en manos de los gobiernos, para que los usen con criterios políticos. Y nadie pequeño se mete en la cama con un oso. Por eso, parte de la Ley 1118 es el artículo 6, breve, pero esencial para poner límites al oso. Dice: “todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de Ecopetrol S. A., una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa”.

Por supuesto, aún las leyes mejores funcionan mal si las personas que deben aplicarlas les hacen esguinces. En Ecopetrol el gobierno Petro ha elegido, con todo derecho, la mayoría de los miembros de la Junta Directiva. Pero, para completar la mala hora de Ecopetrol, cuando los nuevos directores fueron a elegir presidente de la Junta se olvidaron del artículo 6 de la Ley 1118 y actuaron como si fueran subordinados del Gobierno. De ese modo, la elección del nuevo presidente de la Junta fue un episodio ilegal, y de opereta.

Las cosas habían comenzado bien, y los directores eligieron presidente, primero, por unanimidad; una persona de condiciones profesionales y personales intachables, el economista Carlos Gustavo Cano. Él tiene, de tiempo atrás, conocimiento de la empresa y fue por varios años miembro de la Junta del Banco de la República, y es profesor universitario. Pero no tiene vínculos políticos conocidos.

Quizás por esto, un viceministro primero, y luego el ministro de Hacienda, le sugirieron que renunciara a la designación que se le acababa de hacer. Se le dijo que el Presidente de la República quería en el cargo a otra persona. No se dieron más razones. Los nuevos miembros de la Junta promovieron una nueva elección 18 horas después, y en ella resultó electo el señor Kattan, con los votos mayoritarios de los directores elegidos por el gobierno.

Adiós, pues, al régimen de derecho privado en la conducción de los negocios de Ecopetrol. Lo que podemos esperar es que sean el Presidente de la República, reconocido experto en temas mineros y ambientales, y el Pacto Histórico, quienes fijen los rumbos de la empresa. El oso se hará sentir. Lo lamentamos por el país y por los inermes accionistas minoritarios.