Dignidad del defensor

Es urgente que el país separe las labores sociales, de protección y de defensa que ejerce la Defensoría del Pueblo y la labor de los abogados penalistas, que aún dependen de esta entidad para participar en el sistema procesal colombiano, por eso se propone la creación de una nueva agencia.

La Defensoría del Pueblo debe defender y luchar por disminuir y eliminar la discriminación, visibilizar a los líderes sociales, el derecho a la salud de todo colombiano y en especial debe defender a las minorías étnicas o población en riesgo, entre otros.

El Defensor del pueblo debe seguir un camino relacionado con la divulgación de toda política que se relacione con derechos humanos, salvo el litigio en causas penales.

Solamente debe mantener la unidad de representación de víctimas para que la agencia que se propone crear, se dedique en realidad a preocuparse por la representación judicial de los investigados, procesados, condenados y detenidos injustamente en desarrollo de un caso criminal.

Tener las dos funciones no es tarea sencilla para quien ocupe el cargo de defensor del pueblo, y mucho más se se quiere tener excelentes resultados y aportar al cumplimiento de todas las funciones. Compartir presupuesto, realizar los concursos, ocuparse de las barras académicas debería ser trabajo de una agencia especial que se ocupe de la defensa pública, dejando más libertad al defensor.

Esta nueva agencia que se propone crear tampoco debe adscribirse a la Agencia de Defensa Judicial del Estado, porque precisamente es el estado quien persigue por medio de sus entidades y de la Fiscalía General de la Nación a las personas que deben ser objeto de defensa contractual y de confianza, dejando claro en un pequeño paréntesis que todo defensor debe ser de confianza para la persona a quien va a asistir.

La defensa penal que el Estado debe proporcionar por bloque de constitucionalidad al ciudadano (que reuniendo ciertas características lo requiera) merece una consideración especial, darle independencia contribuiría a mermar el exceso de procesos estancados, daría movilidad a las audiencias represadas, y se dotaría al ciudadano del común de una verdadera herramienta para disminuir el, hasta hoy, mentiroso principio de igualdad de armas en el que la fiscalía lleva una enorme delantera injusta y muchas veces desproporcionada hacía el ciudadano, que se defiende de procesos que en 59% de las veces pierde el ente acusador, según cifras conocidas recientemente.

Esta agencia que se propone, debe velar porque el defensor público tenga una remuneración y vinculación permanente adecuada a su rol: si litiga ante la Corte o Tribunal que gane lo de un magistrado, si litiga ante jueces del circuito que gane lo mismo que esta clase de jueces y así sucesivamente, estabilidad significa garantía del derecho de defensa, fortalecer las barras académicas aún mas de lo que ya están, darle un alcance real al equilibrio que deben tener las partes en un debate que puede implicar la perdida de derechos de un ciudadano.

No puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer el trabajo de los defensores en esta época de confinamiento, trabajando desde sus casas, cumpliendo turnos y muchas veces arriesgando su salud y vida en audiencias presenciales.

Tampoco puedo dejar pasar que no acepten nombramientos en audiencias sin conocer el proceso, sin hablar con el cliente por el simple miedo o presión que se les ejerce. Si aceptan una representación sin conocer el caso o al cliente sencillamente estarán faltando a su deber.