Libres no, dignos sí

La pandemia ha causado estragos a muchos sectores, sin embargo, hoy quiero resaltar la tragedia vivida por la población privada de la libertad a lo largo del país.

Primero sufrieron la enfermedad encerrados en pésimas condiciones, cualquier persona que quiera defender el sistema carcelario colombiano en términos de “detención o prisión digna” está destinado al fracaso. Hay un hacinamiento brutal en cada establecimiento carcelario, contaminación por covid y padecimiento de otras muchas enfermedades mórbidas sin tratamiento adecuado o pronto y las autoridades haciendo la vista a un lado por que ¿para qué cuidar “delincuentes”?, olvidando que estas personas (sí, siguen siendo personas) perdieron su libertad, pero jamás su dignidad, como dice el abogado Francisco Bernate de manera reiterada.

La reforma al sistema de salud que atiende a las personas privadas de la libertad es urgente. Además, Medicina Legal debe reflexionar sobre su labor al conceptuar sobre la atención de ciertas personas en establecimientos penitenciarios, porque creo que en muchos casos donde dictaminan que es compatible una patología con la cárcel ya están posiblemente rayando el código penal y desmejorando el derecho a la salud.

El otro punto que preocupa es el de las visitas. Con la excusa del covid-19 no dejan ni a los abogados tener contacto con sus clientes sino a través de video llamadas o usando plataformas controladas por el Inpec o las estaciones de Policía, poniendo en peligro la confidencialidad cliente - abogado.

La virtualidad es bienvenida y ha sido de gran ayuda, pero la garantía de una comunicación protegida y reservada cuando sea necesaria con el cliente debe primar, es urgente que se tomen medidas y se proporcionen los medios para que, sin poner en peligro la salud de nadie, los abogados podamos tener entrevistas y visitas presenciales con nuestros clientes y ni que decir de las familias que están ansiosas de poder abrazar y dar ánimo a su ser querido guardado en una cárcel.

Las personas privadas de la libertad, muchas sin ser condenadas aún, unas que están pagando condenas por crímenes que no cometieron, otras que siguen detenidas a pesar de haber cumplido su condena o con peticiones sin resolver sobre libertad condicional o figuras que le permitan salir de su encierro, extrañan unos jueces de ejecución de penas que sean más eficaces y eficientes, en esta pandemia la mayoría de ellos quedaron en deuda con una población vulnerable que también tiene derechos a pesar de que muchos se los quieran negar.

Los jueces de ejecución de penas deben ser consientes de su labor, que no es impartir más sufrimiento o castigo al condenado, sino velar por el cumplimiento de la pena y también por su resocialización y reincorporación a la sociedad, ser rápidos en pronunciarse sobre los puntos objeto de su mandato legal es una obligación, no un favor a los condenados.
Un sistema penitenciario violador de derechos fundamentales, una justicia que ejecuta las penas lentamente y muchas veces sin corazón ni humanismo debe ser objeto de prontas reformas.

Si se quiere una resocialización exitosa los centros penitenciarios deben cambiar, hacer una mejor distribución de las personas privadas de la libertad, evitando hacinamientos e implementar mejores planes de educación y psicológicos entre los internos.

Queremos visitas ya.