Pido un 20% de regalías para bajar la gasolina

Ante la situación planteada y como ponente que fui del nuevo Sistema General de Regalías, tenemos que ser consecuentes y realistas. Los departamentos y municipios del país no están haciendo uso de esos recursos como debe ser. No podemos darnos el lujo de repetir el despilfarro de miles de millones de pesos en asuntos inoficiosos.

Si es necesario, hay que hacer una nueva y rápida reglamentación legal para reorientar la asignación y distribución de las regalías. En este contexto habría que mirar un nuevo esquema de liquidación con base en los fondos de inversión y compensación regionales. Las regalías deben ser para beneficio de todos los colombianos y no para servir al capricho de unos cuantos mandatarios locales.

Me parece válido y oportuno proponer que destinemos el diez por ciento de las regalías al abaratamiento del precio de la gasolina, con lo que tendríamos cerca de 1.4 billones de pesos para ese programa que significaría una reducción de por lo menos mil pesos en el galón del preciado combustible.

Entendiendo los problemas campesinos y a sabiendas de la evidente urgencia de atender con recursos la crisis rural, es posible tomar otro diez por ciento de las regalías para financiar el otorgamiento de subsidios y otros temas de la actividad agropecuaria.

Totalizaríamos entonces un veinte por ciento de regalías para solucionar dos coyunturas muy difíciles de la actualidad nacional, en el marco de una decisión sensata que coloca cuantiosos recursos en asuntos verdaderamente prioritarios para el desarrollo de nuestro país. A la inconformidad popular tenemos que responder con creatividad para la utilización de los recursos que están a la mano.

Consideramos que abaratar la gasolina ayuda a aliviar sensiblemente los costos del transporte comercial y ciudadano, mientras que el financiamiento de la asistencia al pequeño y mediano productor es fundamental para devolverle la esperanza al campesino que desea aportar su trabajo al progreso del país.

Son legítimas las exigencias, la protesta y la movilización social, ya que es un derecho consagrado en la Constitución política. Ante la organización de marchas campesinas, es normal que el Gobierno Nacional ponga en alerta a la fuerza pública para controlar eventuales factores de perturbación.

El país tiene más de una semana de tensión como consecuencia de la protesta campesina. Pero no ha sido una protesta pacífica porque ya incluye cerca de 7 muertos, varias decenas de heridos y detenidos por cuenta de la alteración del orden público y destrozos de bienes públicos y privados. A todas luces se trata de un sentimiento de protesta legítimo que ha sido infiltrado por intereses obscuros del terrorismo y objetivos desestabilizadores de la guerrilla.

El Gobierno ha desplegado toda su capacidad negociadora, con el traslado del mismo Presidente Santos a la zona de conflicto y la presencia de varios ministros y otros altos funcionarios de la Casa de Nariño. El jueves, en su alocución matinal, el Jefe de Estado mostró todo el arsenal oficial en término de propuestas para comenzar a solucionar la crisis originada por muchos años de desatención oficial.

Pero la respuesta fue una nueva andanada vandálica y terrorista. Lo que apreciamos los colombianos a través de la televisión y los videos y fotografías que captaron reporteros ciudadanos, fue realmente espantoso.

El presidente Juan Manuel Santos, visiblemente indignado y conmovido durante su alocución del viernes, nos expuso paciente pero contundentemente la situación, así como las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para garantizar la tranquilidad ciudadana. Además de todo lo decidido, nuestra propuesta sobre regalías acompaña un escenario adecuado de soluciones inmediatas.

Reiteramos nuestro rechazo categórico a cualquier manifestación de violencia y vandalismo en ejercicio de la protesta y la movilización social. Creemos que cualquier pérdida de vida humana o destrozo material es injustificable a la sombra de la legítima expresión del desacuerdo ciudadano. La violencia no es el camino y el vandalismo no puede ser el destino de quien pretende construir democracia en la búsqueda del bien común.