Hacia una economía sin efectivo: impulso a la inclusión financiera

En Colombia el alto uso de efectivo se asocia con algunos de los problemas que históricamente hemos enfrentado como sociedad: informalidad, ilegalidad, evasión tributaria y otras actividades delictivas. En esta medida, y teniendo en cuenta que esta situación podría obstaculizar los canales de desarrollo económico y fomentar la economía subterránea, es relevante analizar diferentes medidas de política pública y jurídicas que tengan como finalidad reducir el sobreuso del efectivo.

En otras latitudes, por ejemplo, en los países Nórdicos se ha avanzado en la implementación de políticas para frenar el avance del uso del efectivo y promover los pagos a través de medios electrónicos. Algunos países han adoptado medidas interesantes, que vale la pena analizar. En Suecia, por ejemplo, los comercios no están obligados a recibir efectivo, en Dinamarca existe la obligación de que todos los mayores de 18 años tienen que contar con una cuenta de ahorro para el pago de subsidios y demás beneficios gubernamentales, en Finlandia es posible limitar el valor en los pagos de efectivo, y en Noruega, cuando las compras superen un monto, las partes son responsables de no realizar el pago de los impuestos que correspondan.

En cuanto a nuestra región, ya se ha iniciado el camino para enfrentar esta situación. Ejemplo de ello se presenta en Uruguay, en donde se han establecido obligaciones de realizar los pagos de nómina, de profesionales y de trabajadores no dependientes, pensiones, beneficios sociales, asignaciones familiares, complementos salariales, alimentos, subsidios, e indemnizaciones, a través de entidades financieras; en México, se han instrumentado beneficios fiscales en favor de las empresas que reporten un porcentaje alto de sus ingresos usando pagos electrónicos.

En el caso colombiano se evidencia que el efectivo como proporción del PIB bordeó el 6,1% entre 2010 y 2019, una cifra relativamente alta. Esta situación se incrementó, entre otros, debido a los efectos provocados por la pandemia en el 2020, año en el que la relación de efectivo/PIB bordeó el 9,5%, y en el 2023 se encuentra en el 7,32%. Ahora bien, si se tienen en cuenta otros indicadores del uso transaccional del efectivo, como es la razón entre el efectivo y el agregado monetario M2, a corte del 2020 este bordeó el 16,6%, un valor similar al registrado en México (18,4%) y Guatemala (18,6%), y superior comparado con casos como Brasil (9,3%) y Chile (7,3%).

Es entonces imperativo analizar incentivos y medidas que promuevan los medios de pago electrónicos y que limiten el uso del efectivo en transacciones donde el costo de oportunidad de usarlo sea elevado, como puede ser el que todas las operaciones de transferencia de bienes inmuebles o muebles de alto valor deban efectuarse utilizando mecanismos de pago electrónico. Otra propuesta, que inclusive no necesitaría de iniciativa legislativa, puede consistir en que las operaciones que realicen las entidades públicas se efectúen únicamente mediante mecanismos de pago electrónico, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Como complemento a lo anterior, podría avanzarse en estrategias que permitan hacer una transición adecuada a los pagos exclusivamente por vía electrónica en operaciones relacionadas con recaudo de tributos y los trámites ante las autoridades y, adicionalmente, que la Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera defina estrategias para consolidar una red masiva de aceptación de medios de pago electrónico por los comercios, y para aumentar el número de puntos de acceso al sistema financiero en los municipios rural y rural dispersos del país.

Lo anterior, en el entendido que el avanzar en medidas para la reducción del uso del efectivo es una condición sine qua non en el proceso de elevar la formalización de la economía, facilitando la inclusión financiera, permitiendo un mayor control del lavado de activos, y ayudando a la fiscalización. Esto, a su vez, genera diferentes beneficios para la población en términos de mayor seguridad, agilidad y asequibilidad, a través del ecosistema de pagos moderno y eficiente que actualmente existe en el país.

*José Manuel Gómez, Vicepresidente Jurídico de Asobancaria