Alison Martin, saliente embajadora de Irlanda en Colombia, en una reciente entrevista en El Espectador (edición del 7 de octubre de 2021) destaca la necesidad de construir un nuevo contrato social para Colombia.
Creo, de forma similar, que es conveniente renovar el contrato social. Después de que en 1991 el país entero unió esfuerzos a través de la Asamblea Constituyente para poner en marcha el ejercicio más ambicioso de transformación institucional que se haya hecho en la historia de Colombia y que, luego, en 2016 se alcanzara el anhelado acuerdo de paz para terminar con una violencia de más de 50 años, se hace necesario en estos momentos escalar a un siguiente nivel para consolidar los avances conseguidos a través de la renovación del contrato social.
Con ello se quiere significar la necesidad de renovar el vínculo entre la sociedad misma desde su base y el Estado y todas las instituciones públicas, a imagen y semejanza del concepto original de Jean-Jacques Rousseau, quien enunciaba que, para vivir en sociedad, los seres humanos debían acordar un contrato social implícito que les otorgara ciertos derechos de convivencia colectiva, a cambio de abandonar parte de la libertad de la que dispondrían en un estado de naturaleza.
La aparente crisis de la relación entre Estado y sociedad (fenómeno común a muchos países) parece notoria en Colombia, a la luz de cualquiera de las recientes encuentras nacionales en las que sobresale una opinión negativa de más de 70% de los ciudadanos sobre las instituciones nacionales, incluyendo algunas de las más emblemáticas como la Corte Constitucional, la Policía, la Fiscalía, o el Congreso de la República.
Parece existir una fractura social que se manifiesta en la falta de credibilidad de la mayoría de los ciudadanos respecto de los servicios estatales y del sentido mismo del papel del Estado. Casualmente el deterioro de confianza dificulta aún más la capacidad de propiciar las reformas estructurales que se requieren para recuperar la credibilidad en las instituciones. Gran parte de la población, especialmente en las zonas alejadas de los centros urbanos, percibe que el Estado no le ofrece ayuda en sus principales y más sentidas necesidades y, por el contrario, tiene profundos sentimientos de frustración y rabia por los no pocos eventos de corrupción o malutilización de los recursos públicos. Claramente la desconexión de la sociedad con las instituciones ha sido parte de la causa de las protestas sociales que se dieron en las calles de las principales ciudades del país.
No es nada fácil establecer cuál es la receta apropiada para reconectar a la sociedad pero pienso que, a falta de otros elementos, existen cuatro factores fundamentales que se deben priorizar: 1. La reforma a la justicia, para que se agilice y se haga sencilla y transparente. Hay una relación íntima entre la justicia y la renovación del contrato social, pues es el mecanismo por excelencia para hacer valer los derechos de la gente, lo que permite recobrar la confianza en el sistema. 2. Participación ciudadana con real efectividad. Es indispensable reincorporar a la ciudadanía en el circuito de toma de decisiones que repercuten en las cosas relevantes para la sociedad. En el sistema jurídico están previstos muchos mecanismos de participación, pero la mayoría de los esquemas se quedan en la teoría, o generan efectos marginales. 3. Conectar de manera más clara la universidad y la empresa con la agenda de desarrollo del país, para hacer realidad el circulo virtuoso de conocimiento aplicado. 4. Generar un vínculo más fuerte entre el sector público y el sector privado, para que actúen de la mano en la gestión de las prioridades nacionales. A pesar de las normas y políticas que sirven de marco a las alianzas público privadas, sería esencial llevar ese matrimonio a un siguiente escalón.
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