En Colombia hay 1,5 millones de personas que reciben una pensión de vejez, lo que corresponde apenas a una cobertura de 25% del universo de población pensionable.
Aparte de los miles de colombianos que simplemente no cotizan al sistema, muchos se quedan a mitad de camino, pues después de años de estar cotizando, no alcanzan los requisitos legales, y se ven obligados a recibir un único pago a título de indemnización sustitutiva, lo cual es alejado de la razón de ser, del concepto de pensión.
La escasa cobertura se ve más dramática cuando se analiza la distribución de la población beneficiaria de la pensión, según su nivel de ingresos. Ciertamente, más de 80% de los pensionados del país están ubicados en los niveles más altos de ingreso (estratos 4, 5 y 6), lo que implica que la población de menores ingresos está prácticamente por fuera del sistema pensional. Los programas de Colombia Mayor y Beps (Beneficios Económicos Periódicos), generan beneficios importantes focalizados a los colombianos de menos recursos, pero con limitantes de cobertura y capacidad, por lo que estos sistemas no alcanzan a compensar las deficiencias del régimen pensional.
El segundo gran problema del sistema pensional, aparte de su baja cobertura, es el alto impacto fiscal que conlleva. Hoy en día el pago de mesadas, sin tomar en cuenta el pasivo pensional, representa 4% del PIB, lo que convierte a este sistema en el más oneroso de América Latina, mirado como porcentaje del PIB, incluso muy por encima del gasto pensional de Brasil o Argentina.
El panorama a futuro del gasto pensional es aún más sombrío, pues la población colombiana tiende a envejecer y se calcula que en el 2040 la cobertura pensional se ubique por debajo de 20%.
El tercer y más grave problema de nuestro sistema pensional es la inequidad, característica que no se refiere solo al hecho ya mencionado de que la gran mayoría de pensionados está concentrada en los estratos más altos, sino, además, en la lamentable situación de que la mayor parte de los subsidios está dedicada a las pensiones de mayor valor, las que, por supuesto, corresponden a las personas de más altos ingresos.
Así, dado el intrincado diseño legal del régimen pensional, especialmente en lo que hace referencia al Régimen de Prima Media con prestación definida (RPM), no todas las pensiones son monetariamente equivalentes al monto de ahorro generado por cada cotizante, pues en muchas ocasiones la sumatoria de los pagos percibidos incluye una porción de subsidio público.
La triste realidad es que la mayor parte de dichos subsidios se incorporan a las pensiones que se les pagan a los colombianos de mayores ingresos. Se estima que las pensiones más altas pueden contener un subsidio que en ocasiones puede superar los 1.000 millones de pesos, mientras que las pensiones de un salario mínimo muchas veces no contienen ni un solo peso de subsidio, lo que varía dependiendo del tiempo de cotización y de otros factores.
Si se tiene en cuenta que el presupuesto general de la nación se nutre de los impuestos que pagan todos los colombianos, incluyendo los estratos bajos que están sometidos al pago del IVA de 19% y de otros impuestos regresivos, en la práctica podemos decir que el sistema pensional colombiano terminó siendo un macabro sistema de transferencias de riqueza de los más pobres a los más ricos. No cabe duda que el régimen pensional es una de las principales causas por las que éste país es el tercero más desigual del mundo, como lo refleja índice de Gini.
La baja cobertura, el elevado impacto fiscal y la notable inequidad estructural del sistema, son razones de peso para abordar con máxima urgencia el tema a nivel del Congreso de la República, para empezar a construir un país más equilibrado.
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