Aparte de la defensa de la libre competencia, la SIC es la principal autoridad de protección del consumidor, dirigida a la salvaguarda de los derechos de los colombianos cada vez que compran un bien o un servicio, sin distingo del valor del producto o del sector de la economía de que se trate.
A su vez, la entidad funge como autoridad nacional de protección de datos, es decir, como ente regulador y supervisor de todas las empresas y personas que manejan bases de datos personales, buscando que al titular de la información le sean respetados sus derechos de habeas data, intimidad y buen nombre. La delegatura de propiedad industrial lleva el registro de todas las marcas y patentes del país y oficia como autoridad decisoria en la materia, al paso que la delegatura de metrología legal, se ocupa de cuidar que las empresas se ajusten adecuadamente a las normas referentes a la utilización de métodos, unidades de medida e instrumentos de cualquier magnitud, todo en defensa de la seguridad y la salud. Además, la entidad tiene la importante tarea de vigilar de las Cámaras de Comercio.
Ahora que se habla de la economía naranja, resulta interesante ver cómo una visión integral de las funciones de la SIC la convierte en un impulsor natural de dicha forma de economía.
La noción de economía naranja hace referencia al sector de la cultura y de las actividades creativas, así como a las demás actividades intelectuales que se centran en producir nuevas ideas para la humanidad, y a la necesidad de convertir esas ideas o expresiones abstractas en bienes o servicios concretos.
Aunque en mi criterio, desde el punto de vista de política pública, el impulso de la economía naranja no debe ser un asunto asilado de la política nacional ya existente de innovación y competitividad, creo que se trata de un concepto interesante que puede tener vuelo propio. Ciertamente en nuestro país, así como en el resto de Latinoamérica, existe un enorme potencial en nuestra gente que puede traer grandes beneficios a la economía, y que se mantiene bastante inexplotado porque no hemos creado reglas claras y los incentivos apropiados para que dicha creatividad y capacidad artística pase del mundo de las ideas, al mundo del aprovechamiento comercial, sin estropear su calidad y su autenticidad.
En definitiva el Gobierno debe reinventarse para ofrecer un entorno más cierto, seguro y predecible dirigido a todos los creadores, los emprendedores e innovadores. Pensando en grande, hay que trabajar -además- en mejorar los incentivos existentes para atraer al país grandes inversionistas del sector de las industrias creativas.
En este entorno, la SIC puede jugar un papel preponderante. Por una parte, como oficina nacional de propiedad industrial debe seguir ofreciendo un sistema serio para el registro de las marcas y puede avanzar para que el régimen de protección de patentes esté mas cerca del inventor nacional. De igual forma, si se refuerza el área de competencia desleal y se hace más eficiente y veloz, la SIC se puede convertirse en el mejor protector de los derechos de los emprendedores e innovadores, los cuales necesitan seguridad jurídica y justicia pronta para poder invertir.
Aunque no resulte tan evidente, la protección al consumidor es una herramienta para fortalecer la industria naranja, pues el artista, intelectual o empresario que aprende desde sus comienzos a cuidar rigurosamente los derechos de sus clientes o usuarios, va a encontrar réditos por su mayor fidelización y por la optimización permanente de la calidad, lo que al final los pone en forma para la ruda competencia mundial. Finalmente, no podemos olvidar que la metrología es un factor definitivo para avanzar en la competitividad, como también lo son las cámaras de comercio.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp
