La vida es en sí misma el ejemplo perfecto que explica la evolución humana. Basada en el intento y en el error. Lo que nos hace diferentes de otras especies es que pudimos registrar y salvaguardar para el futuro nuestros errores y la manera de resolverlos. El derecho registra la esencia de la evolución.
Es esencial entender lo que la industrialización generó desde la perspectiva del individuo, su visión de grupo y la manera que este se relaciona con los demás. Progresivamente, la empatía que generó el entendimiento evolutivo del ensayo-error se fue desdibujando en la medida en que los grupos humanos se agolparon en las ciudades, hubo mayor competencia por los recursos y las condiciones de la mínima dignidad humana se desdibujaron. Me atrevería a decir que son los, albores de aquella brecha gigantesca, que hoy existe, entre la dogmática penal y procedimiento penal en su faceta empírica y realista.
Con el paso de los años, se generaron arquetipos de comportamiento que corresponden a las expectativas de los grupos sociales sobre la conducta de cada uno de sus asociados, por consiguiente, cualquier distorsión que pudiera generar un comportamiento de un individuo diferente al arquetipo es censurable, en palabras del profesor Garfinkel, genera una ceremonia de degradación.
De la mano de lo anterior, ya en este siglo, los medios de comunicación y de otro las redes sociales, generaron el fenómeno de los juicios paralelos. Para procesos penales realizados en sede de medios y redes, donde el rompimiento empático llegó a su máximo esplendor. Se destroza a las personas en su honra, dignidad y presunción de inocencia en estrados virtuales y pantallas aplicando las ceremonias de degradación, en las cuales, se lleva a las personas a presupuestos infrahumanos en términos de dignidad, como si no fuera poco, se instrumentaliza a las personas en afán de rasguños de legitimidad institucional. Ahí, se supone, operaba el contrafuego de los ciudadanos, el derecho penal. Su función es proteger al ciudadano frente a la herramienta más fuerte del Estado contra sus asociados, en términos modernos, la potestad de privar de la libertad. Pero hoy, no es suficiente. El derecho, al ser reactivo, en estos casos, impide anteponer cualquier protección a una ceremonia de degradación galopante en un juicio paralelo. No propongo crear nuevos tipos de peligro, lastimosamente esto es un tema de comportamiento ciudadano, principios y valores, lo etéreo tan ausente y tan necesario para madurar socialmente.
La herramienta de protección es la justicia, hoy la tutela da una mano, pero no es suficiente.
Pero el panorama es gris. Cada vez más los jueces, faltando al principio más básico de legalidad, realizan ponderaciones ilegales basándose en supuestas interpretaciones fundamentadas en la carta magna, pero que nada tienen de constitucional. En Cúcuta, el Juzgado tres Penal Municipal de Garantías impuso una medida de aseguramiento sin que la Fiscalía se la solicitara, lo peor fue que el Juzgado siete del Circuito ratificó y al accionar la decisión, el Tribunal Superior de Cúcuta la declaró improcedente. Con esto desdibujan aún más el proceso penal en unas decisiones francamente prevaricadoras.
En 15 años de vida, el sistema penal y sus garantías, cada vez son más desfigurados, por ataques de la sociedad, las otras ramas del poder, los medios y ahora sus propios jueces. Los cambios de los años. Sin duda alguna, cada vez es más loable ser un penalista que cree en los derechos.
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