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OPINIÓN

Nueva infraestructura bajo alianzas público privadas

06 de agosto de 2014

Luis F. Barth

Asociado de ParraRodriguez Sanín
Canal de noticias de Asuntos Legales

En este sentido el marco fiscal de mediano plazo proyecta que entre 2014 y 2020 el monto a invertir por el Gobierno Nacional Central (inversión pública) estaría alrededor de 2.1% del PIB anual, aportando buena parte de esos recursos (menor a la inversión ejecutada en el periodo 2010-2013 equivalente al 2.9% del PIB).

La inversión que se proyecta estaría mayoritariamente enfocada hacia las infraestructuras de transporte, corredores viales, férreos y fluviales, puertos, aeropuertos y transporte urbano. Con las concesiones existentes y los proyectos de ”cuarta generación” se planea invertir $47 billones de pesos de 2012 en los próximos años, sin contar los proyectos inscritos en el Registro Único de Asociaciones Público-Privadas como propuestos desde el sector privado y que podrían requerir recursos adicionales. Pero igualmente lo proyectado para infraestructura minero-energética, vivienda y desarrollo territorial, y tecnologías de la información y las telecomunicaciones representa rubros de inversiones importantes dentro del total de inversión pública prevista por el Gobierno hasta 2020.

Los recursos públicos son escasos en países en desarrollo y por eso la definición de la prioridad de las inversiones debe hacerse de manera cuidadosa. La infraestructura que se proponga debe suplir necesidades priorizadas por parte de las entidades públicas en sus planes de desarrollo. Sobre este asunto los participantes de la IV.

Reunión de la Iniciativa para la Inversión en América Latina de la OCDE realizada recientemente en Lima bajo el lema “Reduciendo Brechas de Infraestructura a través de Inversiones Inteligentes” consideraron que las asociaciones público-privadas (APP) son un instrumento para hacer más sostenible el desarrollo de la infraestructura en América Latina, e hicieron énfasis en la importancia de la presencia de factores institucionales para la generación de confianza y atracción de la inversión.

En Colombia se viene avanzando en ese sentido pero todavía falta camino por recorrer. Hay sectores en donde los recursos de inversión pública siguen siendo necesarios para hacer viables los proyectos, como en los sectores de educación, justicia y salud, sectores prioritarios para la equidad y prosperidad. Igualmente hay sectores en donde la regulación ha incentivado y diseñado mecanismos para la vinculación del sector privado como en servicios públicos, puertos y vivienda, pero donde todavía hay un campo importante que desarrollar. 

En los sectores ferroviario y fluvial, renovación urbana, agrícola y turismo, y en lo relacionado con la construcción de edificaciones públicas para diferentes destinaciones, los proyectos de iniciativa privada tienen más oportunidades para su desarrollo, sin requerimientos elevados de inversión pública. El sector privado debe revisar con atención las necesidades, especialmente en el nivel subnacional donde hay oportunidades de negocio interesantes.

Para el desarrollo de proyectos derivados de los procesos de asociación público-privada, de acuerdo con la experiencia en recientes procesos adelantados, sería interesante plantear nuevas formas de financiamiento o combinar las existentes para facilitar la inversión del sector privado. Teniendo en cuenta que durante las etapas preoperativas no hay generación de ingresos, es necesario implementar mecanismos para la mitigación del riesgo constructivo.

Se hace imprescindible identificar alternativas de financiación en inversión productiva, facilitando la asunción de estos riesgos. En este punto el planteamiento de una legislación financiera o de ajustes a la actual sería muy provechoso para el desarrollo de infraestructura en otros niveles y sectores. 

Si bien hay aumento de los recursos dedicados desde el sector público a la ejecución de este tipo de proyectos, deben incorporarse instrumentos legales que complementen los existentes y favorezcan su implementación. El desarrollo de esquemas de financiación alternativos y el ajuste de los instrumentos legales se convierten en factores de generación de confianza y atracción de la inversión.

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