El trabajo Pro Bono de cara a la conservación

Los pronunciamientos recientes de las Cortes de Colombia han declarado como sujetos de derecho a la naturaleza. Primero, la Corte Constitucional declaró al Río Atrato como sujeto de derechos ; le siguió la Corte Suprema de Justicia reconociendo como tal a la Amazonía Colombiana ; y, finalmente, la decisión más reciente del Tribunal Administrativo del Tolima reconoció como sujeto de derechos a los ríos Coello, Combeima y Cocora.

En los tres escenarios se les reconocen los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración.

Si a lo anterior además se suma que en la rendición de cuentas de Parques Nacionales Naturales -periodo julio 2017/julio 2018-se resaltó como gran meta cumplida que el Gobierno Nacional definió la declaratoria de 2.500.000 nuevas hectáreas protegidas para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Ambos hechos - los pronunciamientos jurisprudenciales que otorgan derechos a la naturaleza y la constitución de nuevas áreas protegidas en el territorio Colombiano - lejos de ser una solución para la conservación de la biodiversidad y/o protección de la naturaleza, han representado la creación de conflictos socio-ambientales con los campesinos que habitan estas zonas.

Estos conflictos surgen como consecuencia de las estrategias de conservación implementadas por el Estado, las cuales se han caracterizado por ser modelos de conservación sin pobladores e intervenciones humanas sobre los ecosistemas, dejando de lado la participación de los campesinos en la implementación de las mismas.

No obstante, tanto las organizaciones campesinas como diversos académicos han abogado por una conservación participativa, que los tome como actores principales y no como desconocedores y depredadores del medio ambiente.

En este escenario, el trabajo pro bono puede ser usado como una herramienta para empoderar a las comunidades brindando el conocimiento y los instrumentos necesarios para que sean las mismas comunidades campesinas quienes den una solución a esta problemática por medio de la participación.

La importancia de esta en la conservación y/o protección radica en que fortalece las perspectivas de desarrollo de las comunidades, en donde las iniciativas del Gobierno también sean impulsadas directamente por las comunidades a través de instrumentos apropiados que les permitan impulsar proyectos que respondan a sus necesidades.

Ahora, los pronunciamientos de las Cortes y las decisiones gubernamentales que tienen como propósito promover la conservación y la protección de los ecosistemas son importantes para avanzar en la materia, sin embargo, el empoderamiento de las comunidades a través del trabajo pro bono para que participen en la implementación de estas decisiones es fundamental para que sean eficaces y efectivas.

La conservación y/o protección no puede alejarnos de la naturaleza, pues la vida es un acto comunitario y en ese sentido las personas no nos contraponemos a la naturaleza si no por lo contrario, somos parte de la comunidad que habita el planeta y la complementa.