Desde hace poco más de una semana el país ha estado siendo testigo y participe de la gran movilización de protesta ciudadana. Se trata de una muestra clara de un descontento generalizado que une a organizaciones sociales, indígenas, sindicales, estudiantiles, artísticas, entre otras, que reclaman ser oídos por el gobierno nacional a través del ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica.
Es, sin lugar a dudas, un momento histórico. Por primera vez en años vemos a la ciudadanía unida reclamando por sus derechos, por la materialización y efectividad general de los ideales consagrados en la Constitución de 1991. En lo que estamos de acuerdo, es que estamos en desacuerdo con todo lo que marcha mal en el país y que necesitamos construir soluciones sostenibles entre todos que permitan el desarrollo de una sociedad más justa en la que todos quepamos, tal como desde hace 28 años la imaginamos.
Sin embargo, me llama la atención que el pliego de peticiones que ha surgido de esta inmensa movilización nos muestran que, aunque bienintencionados, el desconocimiento de la estructura del estado y su funcionamiento es la constante y que hasta que no entendamos esto no llegaremos al consenso, tan necesario. Con esto, por supuesto, no quiero decir que la manifestación sea ilegitima, ni mucho menos que no tenga razón, tan solo que no responde a la realidad.
De la revisión de las 13 peticiones consolidadas por el Comité del Paro, se puede ver que la desconexión con la realidad nacional que tanto se le reprocha al gobierno, no es exclusiva de este y que los ciudadanos también somos ajenos a ella. Por lo menos cinco de los 13 puntos, si es que no son todos, tienen un importante impacto en el presupuesto nacional que, desafortunadamente no alcanza a cubrir todas las necesidades. La implementación de los derechos de salud, educación, pensión (mínimo vital), políticas sociales e implementaciones de acuerdos requieren dinero con el que el estado no cuenta, lamentablemente. Ese dinero, tan necesario, solo puede ser obtenido a través de tributos, explotación de recursos naturales y privatización o enajenación de bienes del Estado. El huevo y la gallina. Ni sumando los desfalcos al erario público, tan conocidos por todos, se logra cubrir el déficit presupuestal.
Puntos como la aprobación de los proyectos de Ley anticorrupción que hacen parte de las peticiones de este gran paro nacional, no serían más que un paño de agua tibia. No necesitamos más leyes, existen en nuestro sistema varias normas anticorrupción suficientes para combatirla. Se trata más de conocer las normas, interiorizarlas, aplicarlas y no violarlas. Denunciar y no callar, hacer más y mejor veeduría ciudadana, inclusive ejercer el voto responsablemente. Si ya demostramos que nos importa, que no somos apáticos a lo que sucede y que podemos ejercer control ¿Por qué no ejercerlo tal como la Constitución y la ley lo permiten de forma concreta? Esa es la gran lección de estas movilizaciones.
De ahí que sea necesario echar mano de la creatividad para que con poco se haga mucho o por lo menos se diseñen estrategias conjuntas que permitan progresivamente cumplir con las necesidades generales que son el origen del descontento. La consigna “parar para avanzar” no puede ser solamente exigir políticas publicas imposibles de cumplir por la falta de recursos. Sí, hay que parar y repensarnos como sociedad, como país y como gestores de cambio para avanzar. Es responsabilidad de todos.
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