Ahora bien, en muchos países, como Colombia, se hace necesario expedir regulación nacional para que los empresarios puedan tener acceso a estos mecanismos. Esta regulación materializa a nivel doméstico el marco internacional, identificando la autoridad encargada de administrar estos procesos, el procedimiento para las investigaciones, la información requerida, entre otros. Sin embargo, en Colombia, solo dos de estos mecanismos están regulados adecuadamente. Por un lado, los derechos antidumping están regulados por el Decreto 1750 de 2015, el cual establece un procedimiento claro, otorgando acceso al sector privado a esta defensa a través de la Dirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Igualmente, mediante el Decreto 152 de 1998 se estableció el procedimiento para imponer una salvaguardia para mitigar el daño ocasionado por un aumento repentino de importaciones. Asimismo, aunque su legalidad con normas internacionales es cuestionable, está vigente el Decreto 1407 de 1999 que establece una salvaguardia menos rigurosa pero con un procedimiento más eficiente. Por el contrario, el mecanismo de defensa comercial para combatir subvenciones que afectan la producción nacional, no se ha regulado adecuadamente en Colombia. Inicialmente, este mecanismo se intentó materializar mediante el Decreto 299 de 1995, el cual comprendía tanto las medidas compensatorias como el antidumping. El Decreto fue derogado en lo relacionado a los derechos antidumping, dejando en área gris a las medidas compensatorias. Incluso, contando con la regulación comunitaria, Decisión 457 de 1999 de la Comunidad Andina, este mecanismo no ha tenido aplicación en Colombia, pues no se han establecido los procedimientos necesarios.
A pesar de que el reconocimiento de estos mecanismos se dio desde 1947, Colombia no ha regulado adecuadamente las medidas compensatorias. Esta omisión regulatoria afecta directamente a los empresarios colombianos y no les permite competir en un mercado libre de distorsiones, por lo que hoy no tienen como defenderse de la importación de productos subvencionados.
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