Ley 2195 de 2022, empresario advertido no muere en guerra

La Ley 2195 de 2022 es una norma con contenido más que retador para las empresas, en tanto las involucra y las responsabiliza en la lucha contra la corrupción. De ahora en más, los empresarios tendrán que invertir recursos en la prevención de delitos para evitar o por lo menos reducir las sanciones que, como herramienta, ha dado la ley a las autoridades respectivas.

¿Cuáles son los principales cambios que los empresarios deben considerar a partir de la Ley 2195 o Ley anticorrupción?
La creación de un régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria aplicable a las personas jurídicas, sucursales de sociedades extranjeras, a las personas jurídicas que integren uniones temporales o consorcios, a las empresas industriales y comerciales del Estado y empresas de economía mixta y a las entidades sin ánimo de lucro, domiciliadas en Colombia, derivado de la comisión de delitos que afecten el patrimonio público por parte sus administradores, funcionarios o empleados.

En los casos señalados, cuando exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada o principio de oportunidad en firme, la norma contempla multas de hasta 200.000 Smlmv, inhabilidad para contratar con el Estado, publicación en medios de comunicación de la sanción impuesta y en los certificados de existencia y representación legal, prohibición de recibir subsidios por parte del Estado 10 años y destitución de administradores y otros directivos.

En este sentido, ¿los empresarios y empresas deben ser más proactivos en la lucha contra los delitos?
Por supuesto, fíjese que lo primero que extiende la norma es que la sanción a la empresa también aplica si el agente de la empresa que cometió el delito se acoge al principio de oportunidad lo que tiene un efecto práctico sustancial, muchos de estos casos terminan porque el investigado o acusado se acoge al principio de oportunidad.

Por otro lado, el significado de corrupción se extiende para abarcar delitos contra el medio ambiente, contra el orden económico y social y algunos otros.

En otras palabras, los programas de cumplimiento que se venían implementando tendrán que abarcar, además, delitos como el acaparamiento, la especulación, alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida el uso ilegítimo de patentes, delitos contra el medio ambiente entre otros. Realmente un cambio significativo.

Veremos la apertura de procesos de responsabilidad en contra de las empresas por la comisión de estos delitos.

¿Por qué son tan importantes estos programas de prevención de delitos?
Como primera medida, para muchas empresas es y será una obligación.

Por otro lado, más allá de tener o no la obligación, contar con estos programas permitirá identificar la comisión de los delitos y denunciarlos a las autoridades, un elemento fundamental para poder acogerse a los beneficios por colaboración que trae la misma norma y que, de hecho, para el caso de soborno transnacional, trae la Ley 1778 de 2016.

Adicionalmente, en los casos penales, se puede evitar que la responsabilidad penal escale a las directivas de la empresa. En otras palabras, una empresa que cuente con programas de prevención de delitos es una empresa que no se crea ni que se beneficia de la comisión de estos.