Las innovaciones tecnológicas aplicadas a los servicios financieros (entendidas como fintech) han transformado la economía global, creando nuevas alternativas de financiación y más oportunidades de negocios que trascienden el estado actual de la regulación financiera alrededor del mundo: el caso de las ofertas públicas de criptomonedas.
¿Qué es un ICO?
Las ofertas públicas de criptomonedas (en inglés, ICO - Initial Coin Offering) son un mecanismo alternativo de financiación virtual, en el cual a cambio de invertir criptomonedas (normalmente bitcoin o ether), los inversionistas reciben activos digitales que representan derechos de diversas categorías en el proyecto ofertado. Hay activos digitales de pago, que permiten recibir una nueva criptomoneda; activos de utilidad, es decir, aquellos que proporcionan acceso digital a una aplicación o servicio; activos análogos, tales como acciones, bonos y derivados, que pueden conferir retornos e inclusive derechos de voto al inversionista en el proyecto ofertado; o, finalmente, los activos digitales híbridos, es decir que acoplan una combinación de diversos de los derechos mencionados. Estos activos digitales son denominados tokens, sobre los que recae una incertidumbre regulatoria que rodea a esta vía alterna de financiación.
¿Cuál es el impacto que han tenido a nivel mundial?
Solo en el primer trimestre del 2018, este mecanismo alternativo de captación recogió US$6,3 billones, sin embargo, más de 80% de los proyectos financiados son o pueden llegar a ser inviables (y considerados como scam).
Ante semejante fuente de recursos, la reacción de los reguladores a nivel mundial ha sido de distintas índoles. Mientras países como China y Corea del Sur han optado por una prohibición absoluta, Estados Unidos, Suiza y Singapur han adaptado su regulación para permitir aquellas ICO que entreguen al inversionista cierta clase de tokens que sí clasifican como valores dentro de la regulación actual.
Avances en la regulación de las ICO en Colombia
En Colombia, las ICO son una alternativa de captación de recursos sin protección ni regulación que aún representa altos riesgos para los inversionistas. Sin embargo, de manera destacable, el año pasado la Superintendencia Financiera creó el Grupo de Trabajo de Innovación Financiera y Tecnológica (https://www.superfinanciera.gov.co/innovasfc), cuyo objetivo es actuar como facilitador para la innovación en el sector financiero, y ya en el Congreso de la República se debate sobre las criptomonedas y el uso de la tecnología blockchain, iniciativas que adecuadamente buscan tomar ventaja de estos mecanismos para modernizar la economía digital del país.
El principal reto de las entidades regulatorias del país está entonces en establecer un mecanismo de diferenciación de los distintos activos digitales emitidos en las ICO´s, para enmarcarlos y ajustarlos al concepto de valor que tiene la legislación local en la Ley 964 de 2005 y a la regulación financiera y cambiaria del Banco de la República, o si, por el contrario, se abre la discusión para expedir una regulación novedosa que se ajuste a estas nuevas tecnologías, y aquellas que aún se encuentran en desarrollo, para proteger adecuadamente el ahorro del público inversionista.
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