El ABC del proceso de licitación de los pasaportes, un nuevo proceso se deberá abrir

Mucho debate y suspicacias ha levantado en el país uno de los procesos más importantes para el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, el de la ejecución para la elaboración de los pasaportes en el país, contrato de $600.000 millones, pero que ayer fue declarado desierto por el canciller Álvaro Leyva. Le contamos qué ha pasado con el proceso.

¿Cada cuánto se hace esta adjudicación ?

Cada cuatro años, la Cancillería abre una licitación con el objetivo de que empresas calificadas para la elaboración de los pasaportes compitan para obtener el millonario contrato, pero desde varios ámbitos han denunciado que las condiciones de dicho contrato podrían beneficiar a Thomas Greg & Sons, la compañía británica que ha tenido este contrato en los últimos 17 años, y que tiene en su junta directiva a dos expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana.

¿Y en sí en qué consisten las denuncias?

La Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República han manifestado su preocupación por las circunstancias de la licitación. De hecho, la Casa de Nariño le pidió explicaciones a la Cancillería sobre los nuevos pliegos y también solicitó una garantía de pluralidad de oferentes.

El Comité tenía como plazo el pasado primero de agosto para adjudicar o declarar desierto el proceso, pero la decisión en ese momento fue suspenderlo hasta el pasado 5 de septiembre, cuando el mismo Canciller, Álvaro Leyva Durán, lo volvió a suspender ese día. Y en la audiencia de ayer, definitivamente, la declaró desierta, lo que genera incertidumbres y preguntas de qué pasará ahora. Ese martes 5 de septiembre firmó el decreto 7076, en el que definió que asumiría directamente el proceso y no el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien adjudica directamente el contrato, y el que, de acuerdo con el Ministerio Público, no había dado respuesta a una serie de observaciones, que tienen que ver con el pliego de la licitación y las condiciones de participación de otros oferentes.

¿Hay procesos que pretendieron frenar la licitación así como está?

Sí. Entre ellos está una acción popular presentada por el abogado Esteban Puyo Posada y una denuncia penal disciplinaria de Hernando Perea. Puyo Posada interpuso una acción popular el 14 de julio de 2023 en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ella asegura que las condiciones de la Licitación Pública 001 de 2023 vulneran los derechos colectivos a la Moralidad Administrativa, al Patrimonio Público y a la Libre Competencia Económica.

Después de ser inadmitida la demanda por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Puyo presentó un recurso de reposición de apelación contra el Auto. El 18 de agosto se presentó nuevamente el recurso de reposición y subsidio de queja contra la decisión anterior, para que se concedieran los recursos. Esta decisión la tomó, en primera medida, el Tribunal y de negarse el mencionado recurso subirá en segunda instancia al Consejo de Estado. Este último recurso está en trámite, con lo cual, el Auto que rechazó la demanda no está en firme.

En relación con la parte penal, Hernando Perea denunció a varios miembros de la Cancillería y de Migración , y alegó que el Ministerio de Relaciones Exteriores contrató a la Organización de Aviación Civil Internacional para la asesoría de los requisitos de los pliegos para la licitación. En la denuncia, alega que la Cancillería no acató las recomendaciones en temas como el tiempo de implementación y la creación de un tercer chip.

¿Cuántas empresas van por este contrato y cuáles son sus observaciones?

Se estima que alrededor de 11. Aparte de Thomas Greg & Sons, están Cadena S.A, Veridos México y Thales Colombia. Dicen ellos que los pliegos de peticiones solo beneficiarían a la empresa actual. En su momento, Cadena S.A. envió una extensa carta de 172 folios al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que expresó que “no existe ningún tipo de ánimo, por parte de la Cancillería, para establecer condiciones que permitan la participación de otros proponentes”.

Y a renglón seguido manifestó que: “la Cancillería decidió no solo mantener aquellos requisitos que únicamente pueden ser cumplidos por el contratista actual (Thomas Greg & Sons), contra toda evidencia técnica, sino que, a última hora, realizó cambios en las características técnicas de los pasaportes, lo cual confirma la ausencia para establecer requisitos que permitan una amplia participación, en beneficio de las finanzas públicas, de los principios que rigen la contratación estatal y de los ciudadanos en general”. Aparte de Cadena S.A., otras compañías que denunciaron las presuntas irregularidades fueron Smurfit Kappa, IN Groupe, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Incm), Idemia, Veridos México y Accesos Holográficos.