Revuelo político por caso Ungrd y Consejo Nacional Electoral en topes de campaña

El de ayer fue un miércoles de remezón político. Hace algunos días estalló lo que podría ser uno de los mayores casos de corrupción del actual Gobierno cuando Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, Ungrd, reveló que en el caso del contrato de carrotanques estarían involucrados varios funcionarios del Gobierno.

Luego de que se llevaron a cabo varias fases del proceso, la Corte Suprema de Justicia citó este miércoles a declarar a Carlos Ramón González; exdirector del Departamento para la Presidencia y hoy director de Inteligencia; al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; y al director de la Ungrd, Carlos Carrillo, en la indagación por posible cohecho y enriquecimiento ilícito contra los presidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, también implicados en el caso.

Además, la Procuraduría General de la Nación hizo ayer una visita de inspección a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y a la Fiduprevisora buscando que las dos entidades proporcionen documentos y respondan preguntas en específico sobres sus procesos de contratación.

Cabe recordar que Pinilla estaba siendo investigado junto al entonces director de la Ungrd, Olmedo López Martínez, desde mediados de febrero por la Fiscalía a causa de presuntas irregularidades presentadas en la compra de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en el departamento de La Guajira.

En su momento, las denuncias surgieron por la tardanza en la operación de los carrotanques y luego por presuntos sobrecostos. El Ministerio Público buscó, entonces, establecer si se presentaron irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución.

Estas estarían relacionadas con la modalidad de contratación, un posible direccionamiento en la selección del contratista, la falta de capacidad e idoneidad de la empresa encargada de suministrar los vehículos y un posible detrimento patrimonial.

El caso tuvo un nuevo giro cuando Pinilla sacó a relucir, en un intento por ser beneficiario de un principio de oportunidad en la Fiscalía, que el contrato se habría usado para pagar dineros a los implicados (Iván Name y Andrés Calle) para temas como favorecer las reformas que adelanta el Gobierno. Y el ventilador que prendió con sus denuncias levantó polvareda.

En términos de las afectaciones políticas que esto puede traer al país, de acuerdo con Sergio Guzmán, analista político, es que “el impacto más inmediato es que el Gobierno está involucrado en un escándalo de corrupción muy profundo, que involucra funcionarios nombrados por ellos. A mi juicio el Gobierno está intentando limpiarse las manos diciendo que los problemas son estructurales y demás, pero nadie ha asumido responsabilidad por lo ocurrido”.

Por lo anterior, el analista catalogó esto como algo que puede afectar significativamente el trámite de las demás reformas en el Congreso.y

Por otro lado, sobre estas investigaciones, de acuerdo con John Mario González, analista político e internacional, “independientemente de la diligencia de la Fiscalía y la Corte Suprema -esta última con un magistrado instructor de la investigación muy cuestionado-, el papel de los medios de comunicación y las delaciones han jugado un papel muy importante y seguramente eso garantizará que se llegue hasta las últimas consecuencias y se destape la impudicia de la profunda corrupción de este Gobierno”.

Y añadió que “el escándalo, sumado a muchos otros escándalos del gobierno Petro, está conduciendo al país tal vez a la mayor crisis de gobernabilidad en los últimos 70 años”.

CNE RADICA Ponencia de cargos a Petro y a Roa
En medio del escándalo de la Ungrd, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron una ponencia que pide investigar y formular cargos contra la campaña presidencial en 2022 con las respectivas pruebas por presunta violación de topes. Es contra el jefe de Estado y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y quien era su gerente de campaña.

Ante esto, el presidente Petro manifestó que “estamos ante una arbitrariedad: una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo”.

Así las cosas, sobre este panorama, González afirmó que “los cargos del CNE en contra de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia amenaza con deslegitimar el gobierno por completo y hundirlo en la mayor crisis de gobernabilidad”.

Y puntualizó que esto correspondería a “un hito, una conclusión parcial, de un espectáculo de desafueros y de financiadores que parece que ocurrieron en la campaña Progresista de 2022”. Guzmán, por su parte, opinó que esto no se trata de una ruptura constitucional sino “un pliego de cargos por ahora. No es un juicio, ni un veredicto, solo un proceso que las campañas enfrentan y que al haber unos topes y unas consecuencias se debe respetar este conducto”.

Antecedentes

Jorge Hernando Mendoza, socio de D&P Analytics, afirmó que a raíz de estos escándalos “políticamente el país sale muy golpeado porque los ejes principales del Gobierno han sido vulnerados: respeto por los recursos públicos y la lucha contra la corrupción. Esto afecta directamente sus mismas reformas que se paralizaron, pues al parecer los recursos habrían sido usados para generar coimas para viabilizar las reformas. Además, la imagen del Presidente también se verá afectada.”