La Contraloría solicitó el secuestro y embargo de algunos activos de Valorcon

La investigación de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría contra el consorcio Navelena tomó un nuevo giro cuando la entidad solicitó secuestro y embargo de varios activos de Valorcon, una de las empresas que fue subcontratista del consorcio, la cual es presidida por Julio Gerlein.

Frente a las acusaciones de la Contraloría, la empresa anunció que la entidad de control fiscal ha actuado contra el debido proceso. El equipo jurídico de la compañía informó que a la fecha no han sido notificados con el auto de embargo y secuestro, pero dijeron que el impacto generado en las finanzas de la compañía ha sido enorme. Ante estos hechos, radicaron un incidente de nulidad contra la solicitud de embargo.

AL consultó al equipo jurídico de la empresa, el cual aseguró que el proceso desde la base se encuentra viciado. “La Contraloría arranca un proceso de responsabilidad fiscal en función de un informe de hallazgos de 2017, advirtiendo que un subcontratista de la sociedad Navelena es responsable fiscal, pero eso no es cierto, porque este subcontratista no es gestor fiscal”, aseguró Roberto Núñez, abogado de la empresa.

Otro punto que aclaró la empresa es que nunca han sido notificados sobre el monto o una posible imputación. Adicionalmente, dijeron que la entidad se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, toda vez que está imputando a una empresa que no es responsable fiscalmente.

Por parte de la Contraloría, dijeron que se está adelantando un proceso de responsabilidad fiscal sobre estos hechos. En 2017, la entidad encontró varios hallazgos fiscales en la liquidación del contrato Alianza Público Privada - Cormagdalena Navelena. En ese entonces, la entidad aseguró que “los costos y gastos reconocidos a Navelena por más de $253.000 millones no están plenamente sustentados y podría haberse configurado un posible daño patrimonial que será determinado en indagación preliminar”.

Más de dos años después de este anuncio, la Contraloría decidió ordenar el embargo de algunos activos de la empresa Valorcon.

El argumento de la compañía es que la Contraloría está endilgando responsabilidad fiscal a una empresa que era subcontratista y que no tenía las facultades de gestor fiscal. “Al consorcio le adjudicaron derechos económicos en la liquidación del contrato, porque había invertido más de $300.000 millones y solo recibió menos de la mitad de lo que invirtió”, aseguró el abogado.

Frente al futuro del proyecto de dragado del Río Magdalena aún existen muchas voces dubitativas. Modesto Aguilera, representante de Cambio Radical y uno de los veedores del proceso de dragado afirmó que “la terminación del contrato lo que produjo fue una afectación directa en las obras. Incluso hoy puedo decir que la navegabilidad del río es una de las grandes deudas de la administración”.

Por su parte, la representante del Partido de la U, Martha Villalba, afirmó que “somos respetuosos de las indagaciones de la Contraloría y creo en la veracidad de sus actuaciones. Las firmas que formaron parte de este consorcio de una u otra forma tienen responsabilidad por todo el daño que se generó alrededor del proyecto y deben responder”.

El Gobierno de Iván Duque encontró pertinente realizar una nueva asociación público privada para continuar con el dragado del puerto. Las compañías investigadas anunciaron acciones contra la Contraloría.