“Clientes se han acercado para activar acuerdos o facilidades de pago”

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En las últimas semanas, el Gobierno ha expedido decenas de normas con las que pretende mitigar el impacto por la expansión del Covid-19 en el país. Asuntos Legales habló con César Camilo Cermeño, nuevo socio en Litigio Tributario de DLA Piper Martínez Beltrán, quien habló de su nuevo rol en la firma y cómo impacta esta crisis a la planeación de las empresas.

¿Cuáles son las medidas más importantes que afectan a las empresas que se han tomado?
El Gobierno ha expedido un catálogo importante de normas que muestran su interés en aliviar las dificultades a las que se han visto enfrentadas las compañías en la crisis provocada por la pandemia. Al respecto, destacamos la modificación del calendario tributario, la suspensión de términos procesales y la creación de mecanismos más ágiles y flexibles para la devolución de saldos a favor y la suscripción de acuerdos o facilidades de pago. Igualmente, se han proferido algunos beneficios tributarios en procesos de insolvencia y la exención en IVA para algunos productos vitales.

¿Cómo impacta este cambio de reglas en las empresas?
La crisis ha creado todo un nuevo paradigma, en la acepción de Thomas Kuhn: un cambio estructural en los modelos de preguntas y respuestas que teníamos a la fecha. Resulta vital hoy repasar figuras como los acuerdos o facilidades de pago, los mecanismos de devolución y compensación de saldos a favor y todos los instrumentos que puedan representar una mejora en la caja de las compañías. Igualmente, si bien muchas empresas están pensando en eximentes de responsabilidad, es necesario hacer un análisis casuístico que permita contar con expedientes probatorios sólidos que los evidencien.

¿Se han acercado más las empresas para asesorarse desde que se decretó la Emergencia?
Solo en 2020 hemos recibido más de 30 mandatos en materia de litigio tributario y aduanero que representan en total discusiones por una cuantía global de $500.000 millones. Desde que se decretó la medida de emergencia, indudablemente se han congelado los procesos de notificación y respuesta en expedientes administrativos. Sin embargo, un número importante de clientes se han acercado para activar acuerdos o facilidades de pago o iniciar solicitudes de devolución.

¿Cómo afectaría la elaboración de otra nueva tributaria?
Aunque entendemos que el Presidente ha señalado que no es el momento para presentar iniciativas de reforma, pueden ser necesarios algunos ajustes. Tanto el Estado como los particulares sabemos que estamos en medio de una dicotomía: entender las fisuras en las dinámicas económicas de los contribuyentes, que afectan su capacidad de pago, pero a la vez la necesidad de mejorar las finanzas públicas y el recaudo para reconstruir e impulsar las grietas provocadas por la crisis. Como dice Leonard Cohen: “Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz...”. Ahora que todas las piezas del tablero están en el suelo, es el momento para recogerlas y volver a repensar las reglas de juego.

¿Se afectan las reglas del juego con esa creación de tributarias de cada dos años en promedio?
Muchísimo, primero porque las reglas no son claras. Eso hace que se genere un caldo de cultivo de controversias tributarias. No solo hay reformas cada dos años, sino que también existe la incertidumbre de que van a ser declaradas inconstitucionales o que además hay reglamentos vía decretos, conceptos de la Dian, que hacen todavía más complejo la interpretación del marco normativo. Además, cada dos años esas reformas traen un paquete de amnistías tributarias que, según la Corte Constitucional, son nocivas para el sistema porque crean incentivos perversos.

¿En qué se centra el área de Litigio Tributario que usted liderara?
Andrés González es el socio director del área de impuestos y yo llegué a acompañarle con la parte del litigio tributario. El derecho tributario colombiano es complejo, variable, contradictorio y con reglas cambiantes. Todas estas fisuras, lagunas y complejidades lo que generan, en últimas, son controversias con la administración tributaria. Adicional a ello, están los impuestos territoriales que pagan las empresas como el ICA, predial… El problema es que casi todos los municipios tienen sus propias reglas.