Capturan a una familia presuntamente dedicada al lavado de activos en Barranquilla

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La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a cinco integrantes de una familia que serían parte de una red delictiva dedicada a lavar activos que son producto de actividades de contrabando en el norte del país.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, en Barranquilla, fueron los encargados de las respectivas capturas. Asimismo, se informó que en los procedimientos también se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de interés para la investigación.

Los capturados fueron identificados como Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa
Arango Vergara.

Según la investigación, Domínguez Rodríguez habría aprovechado su condición de funcionario
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en el aeropuerto de Barranquilla para permitir el paso de mercancía de contrabando y facilitar la evasión de los filtros de la entidad.

Presuntamente, los dineros que recibió de dicha práctica los e invirtió en negocios de ganadería,
compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (Córdoba) y adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla. La adquisiciones fueron puestas a nombre de familiares y personas de confianza, para simular legalidad.

La Fiscalía informó que "los cálculos hechos por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), indican que desde 2020 a la fecha se registró un lavado de activos por $5.900 millones y un enriquecimiento injustificado por $5.100 millones".

Teniendo en cuenta estos antecedentes y las investigaciones un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco capturados, los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares ante su posible participación en los hechos investigados.

Ante esto, "los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia", informó la entidad.

Sobre el patrimonio ilícito, se impusieron medidas cautelares del "poder dispositivo, embargo y
secuestro sobre 6 inmuebles rurales y 4 urbanos, 3 vehículos y más de 200 semovientes". En cuanto a las propiedades que ascienden en valor a $5.700 millones quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.