Contraloría vigilará los recursos públicos destinados a la contención de la emergencia

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en declaración conjunta con el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, anunciaron una serie de acciones contundentes para contener los efectos del Covid-19 en el país.

En primera instancia, la Fiscalía ratificó que sancionará las conductas que se constituyan en delito, por el incumplimiento de mecanismos de prevención y las disposiciones de las autoridades de salud.

"El primer mensaje es para el Gobierno Nacional, esperamos que ejecuten con prontitud y eficacia la política pública de salud en Colombia. A los gobernadores, alcaldes distritales y especiales, y a sus secretarías de salud, ustedes son responsables de la salud en sus territorios por un mandato legal y constitucional. Ustedes son los ordenadores del gasto y ejecutan los presupuestos de la salud; por eso, deben adoptar las medidas sanitarias que se requieran de carácter urgente y acordes a la ley", explicó Barbosa.

De no hacerlo, advirtió el fiscal, podrían incurrir en los delitos de prevaricato por omisión (art. 414 del Código Penal) y omisión de socorro (art.131 CP.).

El fiscal estableció en esa misma línea que “tendrán responsabilidad penal los presidentes de las EPS (Empresas Prestadoras de Salud), quienes son responsables del aseguramiento de cada uno de nuestros ciudadanos y reciben recursos públicos por ello”.

A estos anuncios se sumó la Contraloría General de la República, que anunció que adoptarán medidas para monitorear y vigilar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la contención de la emergencia.

“Si bien se ha sabido, con el decreto de emergencia expedido por el Presidente de la República, que serán alrededor de 4 millones de colombianos los infectados, tendremos necesidad de quintuplicar las camas de Unidad de Cuidados Intensivos para cada uno de los colombianos”, indicó Córdoba.

El contralor también le pidió al Gobierno Nacional, al ministro de Salud, al superintendente de Salud y al director de la Adres, que ayuden a liberar los recursos del punto final, que ascienden a alrededor de $4 billones.