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Judicial

Corte Constitucional facultó a Colpensiones para revocar megapensiones fraudulentas

Con la decisión se limitaría el pago de pensiones fraudulentas, cercanas a $58.000 millones

22 de mayo de 2019

José David Castilla


Canal de noticias de Asuntos Legales

En un fallo que fue tachado de histórico, la Corte Constitucional facultó a Colpensiones para que pueda revocar megapensiones que fueron adquiridas de manera fraudulenta. Esto le permitirá a la autoridad administrativa revocar los derechos otorgados sin tener que esperar la resolución de un proceso penal.

La decisión se tomó gracias a un concepto que emitió la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, donde se demostró que en temas de pensión de vejez, se estaba permitiendo una salida para que los corruptos pudiesen desangrar el sistema público de pensiones. De esta forma, la Corte Constitucional le cierra las puertas a las megapensiones fraudulentas.

El caso que fue contexto para esta decisión se relacionó con una decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Barranquilla. Esta institución judicial había desconocido que el señor Álvaro Antonio Riquet Ortíz cometió una maniobra irregular para obtener su pensión de vejez.

Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que debido al riesgo que tienen los dineros aportados a los montos pensionales, es pertinente que las autoridades administrativas tomen la decisión de revocar las pensiones que sean visiblemente fraudulentas.

El presidente de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado comentó la decisión y dijo que "en nuestro compromiso de defender al Estado, logramos que la Corte Constitucional le diera un duro golpe a quienes quieren desangrar el sistema pensional colombiano".

En cuanto a los impactos del fallo, la Agencia reveló que, según sus cálculos, con esta decisión se frenaría el pago de pensiones pagadas irregularmente por un monto de $58.000 millones.

La agencia también reveló que, según los datos del Spoa de la Fiscalía hay más de 1.564 casos que fueron denunciados por Colpensiones. Con esto se dio inicio a los respectivos procesos penales por fraude a historias laborales, los cuales "suman más de $58.000”, según reveló Camilo Gómez Alzate.

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