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Judicial

Corte Suprema de Justicia ratificó condena contra juez vinculada en el caso Hyundai

Ligia del Carmen Hernández abría recibido $30 millones a cambio de favorecer al empresario Mattos en una acción contra Hyundai

29 de diciembre de 2020

Allison Gutiérrez Núñez

agutierrez@larepublica.com.co

La República
Canal de noticias de Asuntos Legales

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra una de las jueces que conoció la acción legal que interpuso el empresario Carlos Mattos, representante legal de Hyundai, quien pretendía salir beneficiado de manera irregular.

Se trata de Ligia del Carmen Hernández, quien recibió $30 millones a cambio de favorecer al empresario Mattos de una acción legal que interpuso el hombre en contra de la empresa coreana.

A Hernández, en la época de los hechos, le fue asignado el conocimiento de la demanda con la que se tenían que practicar unas pruebas anticipadas de inspección judicial con exhibición de documentos, libros y papeles del comerciante demandado.

En abril de 2016 se realizó la diligencia, donde dispuso dos medidas cautelares, que consistieron en ordenarle a la parte demandada abstenerse de importar, nacionalizar o introducir al país cualquier producto de Hyundai o aquellos relacionados directa o indirectamente con los vehículos y las autopartes de la mencionada marca, además de no utilizar con cualquier fin los signos distintivos de propiedad industrial con los que el demandante (Hyundai) comercializaba los productos ni los afines.

Cuando el asunto aún estaba bajo su conocimiento, Hernández recibió de Mattos la suma de $30 millones , a título de “agradecimiento” por la decisión tomada.

Por tales hechos, en enero de 2019, Hernández fue imputada por el delito de cohecho propio y aceptó cargos. Se avanzó con el proceso judicial y el Tribunal Superior de Bogotá la condenó a 25 meses y 18 días de prisión, una multa equivalente a 28.69 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 51 meses y seis días.

La defensa apeló la decisión y el caso llegó a la Corte Suprema en donde se ratificó la pena por 20 meses de prisión y una multa equivalente a 22 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

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