Denunciando el hurto de un celular

Hace varios días, una persona fue víctima de un atraco a las doce del día, en la avenida caracas, en inmediaciones del Centro Comercial los Héroes, en Bogotá. Aparentes personas dedicadas a limpiar los vidrios de los vehículos se le acercaron a solicitarle una moneda, y, de un momento a otro tenía dos puñales, uno en su rostro, y otro en su cuello, mientras le solicitaban entregar de manera pronta el celular a cambio de mantenerse con vida. Procedió a entregar el teléfono, y los delincuentes huyeron, siendo capturados a unas cuadras por dos policías bachilleres, verdaderos héroes.

Es en ese momento, donde inicia la judicialización del hecho, la cual pondría a prueba nuestro sistema penal acusatorio y demostraría su ineficiencia y la manera cómo fomenta la delincuencia en detrimento de todos los colombianos, razón por la cual decidí compartir este suceso con nuestros amables lectores para que entendamos porque las cosas están como están, y la urgencia de cambiar el rumbo para poder vivir en paz.

Lo primero era denunciar el hecho en una Unidad de Reacción Inmediata, lo cual se logró finalmente ocho horas después del suceso, mientras se realizaban todos los documentos que se deben diligenciar y se atendían los demás ciudadanos que estaban en la misma situación. La denuncia se interpuso ante un acucioso funcionario, en presencia de los supuestos ladrones, quienes apenas a unos metros prestaban atención a todo el relato.

Finalmente, a las diez de la noche, pudieron las víctimas abandonar la URI, encontrando en las afueras de la misma, a los familiares de los capturados, que departían con otras personas en la misma situación, quienes les aseguraban que si sus familiares carecían de antecedentes, muy seguramente recuperarían la libertad en unas escasas horas. Esto, sonaba increíble e impensable, que en medio de las circunstancias actuales, esa fuera la manera de actuar de nuestras autoridades.

Al día siguiente, las víctimas regresaron a eso de las once de la mañana para averiguar el avance del caso para encontrar, en la mismísima puerta de la URI a los mismos bandidos que horas antes habían cometido semejante delito, recuperando la libertad. Fueron informados que la Fiscalía General de la Nación realizó su mejor esfuerzo para mantener a estas personas en prisión, pero que un Juez de la República decidió que estas personas, por carecer de antecedentes, no eran peligrosas para la comunidad. Aseguró, adicionalmente, que el relato de la víctima no era claro en punto de la identificación de las personas, pues las vestimentas de los individuos al momento de la captura no correspondían con las que portaban cuando se realizó la diligencia.

Era necesario entonces, ampliar la denuncia (otro trámite más) y estar pendientes del avance del proceso, es decir, nada. Finalmente, hacia las dos de la tarde, terminaron la ampliación de la denuncia y, en medio del temor que produce el que los recién liberados estuviesen en las inmediaciones del Despacho, pudieron dar por terminada esta experiencia.

De nada sirve entonces, que nuestro Gobierno se esfuerce por implementar medidas contra este tipo de delitos, que los medios de comunicación sensibilicen a la comunidad frente a estos hechos que ya han causado varias muertes entre nosotros, si seguimos con este tipo de prácticas que, disfrazadas de garantismo, son en realidad una preocupante interpretación de la ley en detrimento de nuestra seguridad. Es hora de replantear nuestro sistema penal, para permitir que estas personas paguen por los delitos que cometen, y que las víctimas de los mismos no tengan que atravesar tantos trámites para denunciar un hecho poniendo en peligro su misma vida. No estamos pidiendo mucho, hasta el 2004, las cosas funcionaban mucho mejor.