Empresas encargadas de centros poblados deben pagarle $87.027 millones al Estado

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La Contraloría General de la República, mediante su Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, emitió un fallo de responsabilidad fiscal por $87.027 millones. Esto se debe a las irregularidades encontradas en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las comunicaciones del Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato buscaba instalar internet en zonas rurales del país.

El daño fiscal se originó por el incumplimiento en la entrega total de los equipos necesarios para finalizar el proyecto, lo que impidió que se lograra el objetivo de brindar conectividad gratuita a estas áreas. La Contraloría probó que hubo una gestión fiscal ineficaz y que no se cumplieron los términos del contrato, cuyo propósito era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.

El proceso de responsabilidad fiscal concluyó que la Unión Temporal Centros Poblados y su representante legal no ejecutaron el contrato de acuerdo con los términos establecidos. Esto generó la terminación anticipada del contrato y a la obligación de devolver los recursos públicos, tras la presentación de una garantía bancaria falsa por parte del consorcio, sin la cual el contrato no habría iniciado ni se habrían desembolsado $70.000 millones como anticipo.

La Contraloría también señaló la responsabilidad de la empresa proveedora de los equipos, al no entregarlos conforme a lo pactado. Además, falló en contra del consorcio interventor, el cual aprobó órdenes de pago sin verificar la documentación que las respaldaba y sin garantizar que se cumpliera con las condiciones necesarias para acceder a los recursos.

El consorcio interventor omitió solicitar una reunión extraordinaria del comité fiduciario que hubiera permitido evitar el desembolso de recursos, ante el incumplimiento del cronograma por falta de equipos.