En investigación preliminar autoridades verifican creación del cartel de sodio

Según revelaron varios medios de comunicación, en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se está adelantando una investigación preliminar contra Brinsa (empresa responsable de Refisal), Quimpac de Colombia, Mexichem Resinas y Trichem de Colombia.

La presunta conducta adelantada por estas compañías se fundamentaba en que sus directivos habrían acordado estipular un precio fijo en el mercado frente a la producción del hidróxido de sodio. Este compuesto químico es una pieza fundamental para fabricar productos de distinta índoles, como papel detergentes o jabones.

La SIC aclaró que la investigación aún se encuentra en etapa preliminar y que, hasta el momento, no se ha realizado la apertura oficial de un proceso para determinar si hubo violaciones al derecho de competencia, establecidas en el estatuto comercial colombiano.

Las normas que regulan este mercado prohíben tajantemente que las compañías pacten precios fijos sobre materias primas, debido a que esto tiene incidencias negativas dentro del libre desarrollo del mercado. En este caso, el hecho de restringir la venta del hidróxido de sodio compromete la participación de múltiples industrias, debido a que esta sustancia es la base para desarrollar productos de aseo.

Dentro del informe revelado por los medios de comunicación, se informó que empleados de Refisal decidieron declarar ante la SIC, donde evidenciaron que los directivos de la compañía habrían liderado el denominado cartel del sodio durante la última década.

Este sería un nuevo escándalo de cartelización que se sumarían a otros grandes casos como el del papel, los pañales, los cuadernos o el cemento.
Durante la administración del superintendente Pablo Felipe Robledo, se determinó que el costo de la cartelización tiene un impacto en los consumidores supremamente alto. En esa ocasión, Robledo declaró que “la importancia de perseguir carteles empresariales es evidente ya que estudios sobre el impacto de los carteles afirman que los precios de productos sometidos a esta conducta ilegal aumentan en promedio el 20 o 30% de su valor real”.

Le corresponderá al nuevo director de la SIC, Andrés Barreto, determinar si estas empresas realizaron este pacto ilegal que les es imputado.