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Judicial

Exdirector del DPS no irá a la cárcel en medio de investigación por posible corrupción

La jueza 42 de control de garantías negó la solicitud de la Fiscalía; de acuerdo con su argumento la medida no cumplía con proporcionabilidad

20 de febrero de 2024

Carlos Jaramillo Palacio


Pierre García, exdirector de Prosperidad Social_
La República
Canal de noticias de Asuntos Legales

Este martes, la jueza 42 de control de garantías tomó la decisión de no aceptar la solicitud que había hecho la Fiscalía General de la Nación, en la que pedía medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Pierre García, exdirector del Departamento de Prosperidad Social, en medio de la investigación que se adelanta en su contra. De acuerdo con la togada en su pronunciamiento, la medida no cumplía con un carácter de proporcionalidad, pues sería “excesiva”.

Sin embargo, ordenó como medida de aseguramiento que García firme un acta en la que se compromete a presentarse ante las autoridades cada que estos lo necesiten, en este caso de manera virtual, ya que se encuentra fuera del país, en Francia.

Pierre Eugenio García Jacquier, quien era alto funcionario del Departamento Prosperidad Social (DPS), declaró en su momento que es inocente y que es víctima de falsos testimonios y testigos. Estas declaraciones las dio de acuerdo a la relación con el presunto hecho de corrupción al que está vinculado.

En la audiencia de solicitud de medida aseguramiento en su contra, manifestó: "es inaudito que se me acuse de un entramado de corrupción por miles de millones de pesos cuando las pruebas dejan claro que no se perdió un solo peso".

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social agregó en esa audiencia de hace unos días que: "Gustavo Petro, sin conocer nada sobre este asunto, ya me condenó por adelantado, el mismo Presidente que reclama un debido proceso para su hijo ante la misma Fiscalía",

La Fiscalía lo acusa de ser el principal vínculo en el caso de corrupción y de hacer parte de un entramado criminal junto a los senadores Carlos Fernando Motoa, Miguel Barreto y Ciro Ramírez, quienes aparentemente tenían subgrupos de operaciones ilícitas para dirigir la contratación pública.

En diciembre de 2023, la Fiscalía le imputó los delitos concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos por presuntamente direccionar 28 contratos, esto en el marco de la existencia de un grupo delincuencial integrado por un senador, funcionarios, particulares y contratistas, que direccionaban procesos de contratación entre el DPS y la Empresa para el Desarrollo Territorial ‘Proyecta Quindío.

"Se acreditó que el señor García Jacquier, al parecer, se reunió con congresista y el entonces gerente de ‘Proyecta Quindío’ (Pablo César Herrera), quienes presuntamente le indicaron los contratistas y municipios con los que se debían contratar los proyectos definidos en el contrato interadministrativo.", señaló la Fiscalía.

En el material probatorio se muestra que uno de los contratos que orientó de forma irregular entre el DPS y Proyecta Quindío era por $48.660 millones. Y por la ayuda ilegal, García pudo haber recibido $1.000 millones.

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