Fiscalía General de la Nación imputará a exfuncionarios de la ANI en caso Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación, a cargo de Francisco Barbosa, a través del Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht, avanzó en un nuevo frente investigativo relacionado con la presunta responsabilidad de funcionarios en varias irregularidades detectadas en las adiciones otorgadas al proyecto Ruta del Sol II, en posible beneficio de la concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

En ese sentido, se radicarán solicitudes de audiencias de formulación de imputación en contra de 17 exservidores públicos que hicieron parte del Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entre 2012 y 2015.

Los imputados son:

•Andrés Figueredo Serpa, exvicepresidente de Gestión Contractual.
• Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de
Planeación de Riesgos y Entorno.
• María Clara Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera.
• Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración.
• Héctor Jaime Pinilla Ortiz, exvicepresidente Jurídico.
• Yasmina del Carmen Corrales, exsupervisora del contrato de concesión.
• José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros.
• Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros.
• David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
• Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual.
• Harbey José Carrascal, exasesor.
• Francisco Javier Forero, exasesor financiero.
• Emerson Durán Varas, exgerente Financiero VGC.
• Cesar Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos.
• Édgar Chacón Hartman, exgerente Predial VPR.
• Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.

Estas personas participaron en la proyección, trámite, revisión, aprobación y celebración de cuatro otrosíes que se le hicieron al contrato N°001 del 14 de enero de 2010, mediante los cuales le permitieron al contratista Ruta del Sol asumir los diseños y obras de un nuevo tramo vial entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar); y fueron modificadas las formas de pago.

En uso de sus cargos y funciones asignadas, los integrantes del Comité Asesor habrían vulnerado las normas y principios de contratación, y desconocido los requisitos definidos en la licitación pública y lo indicado por el estructurador del proyecto, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

De esta manera, quedó acreditado que, en medio de posibles anomalías, le fueron reconocidos a la concesionaria más de $7.804 millones, que se sumaron al valor del contrato principal.