En la adjudicación de Bioenergy para la producción de Etanol se realizó una imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación contra el exgerente de la empresa, Javier Leonardo Flórez Muñoz, y el exrepresentante legal de Isolux Corsal, Ignacio Juan Revilla Fernández.
Lo anterior debido al aparente interés indebido que había ayudado a que a Isolux Corsal se le adjudicara un contrato por un valor inicial US$138,6 millones para la construcción de la planta de etanol en Puerto López, Meta.
Al parecer, para la fecha, la empresa española no cumplía con la experiencia técnica en plantas industriales de alcohol carburante y por eso se presentaron atrasos en las obras.
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