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Judicial

Imponen condena en contra de Antioquia, Medellín y Valle de Aburrá por accidente

Deberán reparar a la familia de un funcionario que falleció mientras realizaba una actividad de la Secretaría de Educación

18 de marzo de 2020

Sofía Solórzano Cárdenas

lsolorzano@larepublica.com.co

Colprensa
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El Consejo de Estado comunicó su decisión de condenar a Antioquia, Medellín y el Valle de Aburrá a indemnizar con más de $526 millones a la familia de un funcionario que falleció en el 2000, a causa de un accidente que se produjo durante una actividad organizada por la Secretaría de Educación de la capital antioqueña.

El accidente, en el que un bus a cargo de la Secretaría rodó por un abismo luego de intentar esquivar otro vehículo, se produjo en el kilómetro 31 de la vía de Santa Fe de Antioquia, la cual conduce a Medellín.

En el marco de los hechos, la familia del fallecido interpuso una demanda de reparación directa contra las entidades estatales que se habían visto involucradas en el caso. Sin embargo, luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia emitiera su fallo, los accionantes presentaron recurso de apelación.

El Consejo de Estado, a quien le correspondió resolver el caso, encontró que había responsabilidad estatal, pues no existía señalización pertinente que le advirtiera a los conductores sobre un ancho inadecuado en la vía, por lo cual, se elevó la exposición al riesgo de accidentes.

Según el Alto Tribunal, si bien es cierto que las entidades que disponen el transporte de sus servidores en un vehículo bajo su control, como era el caso de la Secretaría de Educación, deben asumir los riesgos intrínsecos a esta actividad, la omisión legal de las entidades responsables del mantenimiento del estado de las vías y la señalización elevó el riesgo de una manera que no estaba permitido.

Por ello, se determinó que los costos y la condena la deberán asumir el departamento de Antioquia, el municipio de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que eran los encargados del manejo de las vías, y no la Secretaría de Educación, que en su momento fue la entidad responsable de la circulación del vehículo.

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