La Contraloría alertó que sigue habiendo una gran congestión en la rama judicial

La Contraloría General dio un alerta por los bajos indicadores que reveló la entidad en materia de gestión de la Rama Judicial. De acuerdo a las cifras, en 2019, por cada 100 procesos que se hallaban en los despachos judiciales, 50 quedaron pendientes para trámites y resolución de fondo en la actual vigencia.

De esta manera, el índice de congestión efectivo alcanzó 50,75%, aunque en promedio la jurisdicción ordinaria presentó un indicadores 49,40%.

"Encontrando que los lugares donde se supera ampliamente este promedio son: la Guajira, Casanare, Cauca, Meta, Magdalena y Valle. Allí esos promedios superan 64%", aseguró el Contralor Delegado para el Sector Justicia, Sebastián Montoya Mejía.

En contraste, se destacan Manizales, Armenia, San Andrés y Providencia,
Florencia, Pamplona y Buga, con índices inferiores a 44% de congestión.

Por otro lado, los índices de congestión revelaron que en materia administrativa fue 60,02%; disciplinaria (58,84%); laboral (57,63%); la civil (53,59%) y la de familia (53,25%).

Montoya también aseguró que encontraron que para 2019 había una carga laboral por juzgado con un indicador promedio de 882 procesos, donde hubo un aumento 4,27% de procesos por juzgado frente al 2018.

De acuerdo a la entidad en los últimos años el comportamiento en materia de eficacia en la gestión de la Rama Judicial para resolver los procesos a su cargo ha venido creciendo, pero no con la rapidez que requieren los usuarios.

Por ello, invitó a hacer una reforma a la justicia con la utilización de nuevas tecnologías tales como Inteligencia artificial, Big Data, bancos de datos e inteligencia de negocios, herramientas de las que ya dispone este organismo de control para ejercer sus funciones de control preventivo.

Además expresó la necesidad de masificar el “Expediente Electrónico” y digitalizar los trámites y procesos.

Por otro lado, para 2019, la planta de la rama Judicial alcanzó 31.525 funcionarios, de los cuales 5.473, es decir 17,4% del total, tenían funciones de juzgamiento. Y en el país con 50 millones de habitantes, se tiene una tasa de 10,95 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional determinado por la Ocde es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes.