La Contraloría profirió fallo de $82.329 millones contra los consorcios de Aerocafé

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La polémica por la construcción del Aeropuerto del Café (Aerocafé) tiene un nuevo capítulo, pues la Contraloría General de la República profirió un fallo de responsabilidad fiscal por $82.329 millones contra las constructores, interventores y supervisores de los terraplenes 8 y 10 del proyecto, porque su inestabilidad hace imposible usarlos para la etapa 1 del proyecto.

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El ente de control encontró que los recursos destinados a esos terraplenes "corresponden a estructuras que no revisten utilidad ni cumplen la finalidad para lo cual fueron previstas, como era hacer parte funcional del
Aeropuerto del Café", lo que generó un daño patrimonial.

Contra Disconsultoría S.A., Ingeniería Desarrllo y Tecnología IDT S.A.S., Jaime Alberto Llano e Iván García, integrantes de los consorcios interventores Dico-IDT y Dico-IDT2; la sanción indexada fue $82.329 millones. Provinco S.A. (en liquidación) y Mario Mejía Restrepo, como miembros de los consocios Palestina II y PQM, recibieron una sanción de $77.803 millones; y Carlos Eduardo Quiroga y Construcciones Mario Serna Flórez Empresa Unipersonal, integrantes del Consorcio Palestina II, fueron sancionados por $61.102 millones.

Además, Quiroga García y CIA (en liquidación), del Consorcio PQM, recibió una sanción de $16.700 millones; Juan Alejandro Dávila, Diego Fernando Zuluaga y Julia Naranjo, supervisores de los contratos, fueron sancionados por $14.490 millones, $57.899 millones, y $9.668 millones, respectivamente.

Además, el fallo declaró como terceros civilmente responsables a La Previsora S.A. Compañía de seguros, Allianz Seguros, Seguros del Estado y Segurexpo Colombia.

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De acuerdo con el fallo, los consorcios Dico-IDT y Dico-IDT2 incumplieron con sus obligaciones en cuanto permitieron la ejecución de obras, a pesar de que los estudios de la licitación mostraban inconsistencias y deficiencias; modificaron en la etapa constructiva los diseños de los terraplenes 8 y 10 sin garantizar la estabilidad de las estructuras y permitieron que se aplicaran. Además, las interventorías recibieron las obras a satisfacción, lo que sirvió como soporte de los pagos a pesar de la inestabilidad.

"Para la Contraloría, el desempeño de las interventorías tuvo graves deficiencias e implicó un abierto incumplimiento de las obligaciones y deberes a su cargo, lo cual redundó en la inestabilidad e inutilidad de las obras de los terraplenes 8 y 10 que fueron edificadas y sobre las cuales se ejerció la interventoría", dijo el ente de control. Sobre los otros dos consorcios, Palestina II y PQM, señaló que fallaron al no advertir que los diseños no garantizaban la estabilidad de las estructuras.