La JEP ratifica imputación por esclavitud y secuestros al exsecretariado de las Farc

Se dio a conocer que El Tribunal para la Paz de la JEP avanza en el juicio contra el antiguo secretariado de las Farc-EP.

La investigación abarca cargos por crímenes de guerra de toma de rehenes, y de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, tortura y otros actos inhumanos, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud, entre otros.

Así las cosas, la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad llegó a este punto luego de realizar la evaluación de la correspondencia referida en el artículo 29 de la Ley 1922 de 2018 dentro del Caso 01 denominado: «Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP».

Se determinó entonces las conductas reconocidas, las pruebas allegadas, las calificaciones jurídicas realizadas, los responsables y las propuestas de sanción luego de "haber analizado las contribuciones a la verdad, la aceptación de responsabilidad y las propuestas restaurativas".

En el análisis se concluyó que quienes integraron el exsecretariado de las Farc-EP “son responsables por mando de las conductas constitutivas del crimen de lesa humanidad de esclavitud derivadas de la política general de secuestros que adelantó la organización”.

Lo anterior toda vez que los implicados tuvieron conocimiento de que los trabajos forzados impuestos fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático. Asimismo se demostró que las Farc-EP adoptó unas políticas de privación de la libertad que afectaron particularmente, a niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y otras personas vulnerables.

Cabe destacar que luego de que la Sección de Reconocimiento hubiese determinado la correspondencia respecto de los hechos, el siguiente paso en el proceso corresponde a que se ordenará una audiencia de verificación.

En esta, participarán las víctimas acreditadas del caso, los comparecientes y el Ministerio Público. De acuerdo con el resultado de la audiencia, se determinará la duración de la sanción propia que la conforma el componente de restricción de derechos, libertades y el restaurativo. La duración de las penas sería entre los 5 y 8 años y serán verificadas por la Sección con la participación de Naciones Unidas.