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Judicial

La Uiaf aseguró que no ha requerido al expresidente de Hocol para aclarar patrimonio

Manifestaron que de acuerdo con la Ley 526 de 1999, la Uiaf no se encarga de realizar investigaciones, inspecciones o auditorías.

14 de abril de 2025

Cristian Moreno Garzón

cmoreno@larepublica.com.co

Luis Eduardo Llinás Chica, director Uiaf
Uiaf
Canal de noticias de Asuntos Legales

La Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, respondió en un comunicado a una noticia que salió ese mismo día con el título “Uiaf pide al expresidente de Hocol aclarar las cuentas de su millonaria fortuna...”. En este documento, la entidad destacó algunos puntos clave sobre sus funciones y su marco legal.

De acuerdo con la Ley 526 de 1999, la Uiaf no se encarga de realizar investigaciones, inspecciones o auditorías. Su trabajo se centra en el análisis financiero dentro del Ciclo de Inteligencia, que fue establecido por la Ley 1621 de 2013, con el fin de prevenir y detectar operaciones vinculadas al lavado de activos en todos los sectores económicos.

El comunicado también explicó que el Ciclo de Inteligencia implica un proceso de recolección, procesamiento, análisis y difusión de información. Este último paso está destinado únicamente a receptores que están legalmente autorizados y sirve como base para la toma de decisiones, tal como se establece en el artículo 36 de la Ley 1621 de 2013.

La Uiaf dejó claro que, hasta el momento, no ha solicitado información al señor Rafael Guzmán, ni ha sido fuente oficial para ningún medio de comunicación en relación con este caso específico. La entidad reafirmó su compromiso con el cumplimiento riguroso de sus funciones legales y con la transparencia en sus acciones.

En la noticia que había sido publicada por La W, se informaba que la Uiaf está investigando el patrimonio de varios directivos de Ecopetrol y su filial Hocol, tras denuncias de presuntas coimas entre 20 y 50 millones de dólares recibidas en 2021. Estas irregularidades estarían vinculadas a contratos de venta de gas a largo plazo (6-7 años) firmados a precios muy bajos en comparación con el mercado.

Además, según fuentes de la Uiaf, las pesquisas (basadas en denuncias anónimas y rastreo de bienes) sugieren la existencia de un cartel activo por más de 15 años, llamado "La Achira", que habría extorsionado a contratistas exigiendo pagos.

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