Contratistas de Hidroituango no podrían seguir en proyecto tras fallo de Contraloría

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La Contraloría General de la República confirmó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal de Hidroituango, contra 26 personas naturales y jurídicas, por $4,3 billones. Esto, por la destrucción del valor presente neto del proyecto como consecuencia de las mayores inversiones injustificadas que se hicieron ($3,16 billones) y lucro cesante por la no entrada en operación de la obra en la fecha programada ($1,17 billones).

Adicionalmente, revocó la decisión de desvincular del proceso de Mapfre Seguros Generales de Colombia, que fue declarada tercero civilmente responsable, haciendo efectiva la póliza todo riesgo de construcción. En la misma calidad quedó Seguros Generales Suramericana S.A., lo que hace efectiva la póliza de responsabilidad civil para directivos y administradores, y se confirmó la desvinculación de otras pólizas.

El fallo se conoce en medio de las negociaciones que venían adelantando los contratistas y EPM para prorrogar los contratos y garantizar la continuidad del proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, el preacuerdo quedó suspendido mientras las partes evalúan posibles alternativas, pues una condena en firme les impide seguir vinculados al proyecto.

El artículo 61 de la Ley 610 de 2000 establece que, cuando un contratista sea declarado fiscalmente responsable, las contralorías solicitarán que se declare la caducidad del contrato.

“Si el contrato no se ha terminado, que es el caso, la ley exige que les declaren la caducidad. Esto les impide contratar con el Estado, aun si han pagado, durante cinco años”, explicó Alberto Zuleta, socio de Holland & Knight, quien agregó que deberán salir también de todos los contratos que tengan celebrados con el Estado.

A pesar de lo que dicta la norma, desde el consorcio constructor del proyecto hidroeléctrico indicaron que evalúan las alternativas posibles, considerando el impacto que podría tener un cambio de contratistas en la ejecución de la obra a estas alturas.

“Estamos evaluando las acciones y recursos que el ordenamiento prevé para, dentro del marco de la ley, utilizarlos”, dijo Fabio Humar, apoderado del Consorcio CCC Ituango, integrado por Conconcreto, Coninsa Ramon y Camargo Correa Infra.

Con respecto a los recursos jurídicos que tendrían los contratistas ante el fallo condenatorio, el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra explicó que hay posibilidades en lo contencioso administrativo, aunque sería un proceso que podría tardar más de 10 años.

“Los condenados pueden interponer un recurso ante el Tribunal Administrativo y, en segunda instancia, ante el Consejo de Estado, pero podría tomar hasta 12 años en resolverse. Mientras ese trámite hace su curso, el fallo no se suspende y produce todos sus efectos”, explicó, agregando también que la única manera de suspender la decisión sería si lo solicitan como medida cautelar y les es concedida.

ANTECEDENTES

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló esta semana que EPM se estaba preparando para la confirmación del fallo fiscal. Además de avanzar en la estructuración de una licitación para buscar nuevos contratistas, mencionó un plan de contingencia denominado Mireya, en el que la ejecución del proyecto hidroeléctrico, que aportará 17% de la matriz energética nacional, continuará “con las capacidades internas de EPM hasta que haya un nuevo contratista”, es decir, que la compañía asumiría la obra.